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LA BAZOFIA SE ARROJA A LA LETRINA

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CEMENTERIO DE PARACUELLOS DEL JARAMALo que no quieren recordar los redactores de la Ley de la Memoria Histórica

LA BAZOFIA SE ARROJA A LA LETRINA

Releyendo el repugnante cocktail que configura la denominada Ley de la Memoria Histórica que propuso y promovió el revanchista, traidor a sus orígenes familiares, José Luis Rodríguez Zapatero, a la sazón malhadado Presidente del Gobierno de España y al que solo le preocupó uno de sus abuelos (Ley avalada por alguien que firma Juan Carlos R. , pues no se atreve a que consten sus apellidos, no sea que recordemos que es un Borbón) he caído, como Saulo cayó del caballo al ser recriminado por Dios, en lo siguiente:


1º) Que no ha sido derogada fulminantemente por el Gobierno actual, presidido por Mariano Rajoy Brey, haciendo con ello una clarísima dejación de funciones en lo que respecta a la defensa de la VERDAD y la PATRIA que LOS ESPAÑOLES, MERECEN Y EXIGEN.


2º) Que los perdedores no pueden pedir la revancha, porque no se trató de una partida de ajedrez, sino  de una GUERRA ENTRE HERMANOS, en la que unos defendían la Patria y el Honor, y los otros, afortunadamente VENCIDOS, solo tienen opción al perdón y a la reinserción social, tal como se hizo unos años después de finalizada la GUERRA CIVIL, depurando y posteriormente reponiendo en sus puestos de trabajo a una inmensa cantidad de personas que, equivocada u obligadamente, formaron parte de los VENCIDOS. Hay que recordar que éstos hacían leva obligatoria, en los pueblos y ciudades que al principio de la GUERRA CIVIL estaban bajo su dominio, de todos los hombres en edad y los llevaban al frente, dándose en repetidas ocasiones la lucha (muchas veces ignorada) de hermano contra hermano en las trincheras enfrentadas.

LA FIEBRE DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LAS CALLES

 
3º) Que ya desde su Exposición de Motivos incurre en burda contradicción su texto cuando dice “querer contribuir a cerrar las heridas abiertas entre los españoles” mientras, acto seguido, se lanza a tumba abierta a denigrar e insultar a los VENCEDORES, transformando la que podría haber sido una verdadera Ley de concordia y fraternidad entre los españoles en un panfleto manipulado ideológicamente y sin valor historiográfico alguno.


4º) Que, en todo el articulado, solo se formulan medidas para apoyar, económicamente a los VENCIDOS, olvidando DELIBERADAMENTE, de forma artera, a las víctimas de los VENCEDORES o…  ¿es que ellos no sufrieron bajas, muchas de ellas con torturas, vejación y escarnio, además de brutales asesinatos?


5º) Que, una vez releída y analizada, la llamada Ley de la Memoria Histórica, de la que se transcribe la parte sustancial de su articulado, no puede considerarse más que un compendio de afirmaciones impregnadas de ODIO Y RENCOR, convertido en beneficio económico para los VENCIDOS, por lo que únicamente es útil para, como hez que es, arrojarla a la letrina. Después, no olvidéis tirar repetidas veces de la cadena.


Los verdaderos tolerantes, practicantes de la LIBERTAD, con mayúsculas, estamos muy hartos de soportar las provocaciones falaces y mentirosas de los descerebrados “representantes” de la llamada izquierda que, en su ignorancia e idiocia, se arrogan la posesión de la Cultura. Ellos, que son unos zafios indocumentados, manipulan una y otra vez con su “habilidad” propagandística, al más puro estilo “goebbelsiano”, hasta que, de mil veces repetir sus mentiras, una gran parte del llamado pueblo soberano llegue a creérselas.


Quieren obtener lo que con las armas no fueron capaces de conseguir… Pero esa aberración solo puede pretenderlo un pobre indigente mental, repitiendo la misma cantinela desde hace ya ¡OCHENTA AÑOS!  Y algunos se definen como “profesores universitarios”.


¡Pobre Universidad y pobres de nuestros hijos!

Estamos obligados a informarles sobre lo que realmente sucedió en aquél doloroso conflicto cuyas heridas pretenden abrir con ánimo revanchista unos siniestros individuos. Es preciso actuar con espíritu didáctico y pleno respeto a la VERDAD.

MEMORIA HISTORICA

PIES DE FOTOS 

Es imprescindible (¡YA!) la UNIÓN que desemboque en la FUSIÓN de TODOS los Partidos que de verdad crean en la HONRADEZ, la DECENCIA, la LIBERTAD y la JUSTICIA, apartando a los tibios, a los personalistas y a los totalitarios, que hacen más daño que bien a España.


Es imprescindible tomar partido, porque los adversarios nos llevan ventaja, y, sobre todo, porque no se puede poner una vela a Dios y otra al Diablo.


Unidos haremos una España donde pueda florecer el verdadero bienestar; separados sufriremos nuestra propia destrucción y la de nuestras familias.


José Roberto Roca Torregrosa

Presidente Nacional de

DERECHO CIUDADANO A DECIDIR, DCID

Miembro del Consejo Rector de

ACCIÓN PARA UNA UNIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

LA LMH SE APLICA SOLO A UNA PARTE

ANEXO

Compendio de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica:

Artículo 1. Objeto de la Ley.

  1. La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

  2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos.

 

Artículo 2. Reconocimiento general.

  1. Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura.

  2. Las razones a que se refiere el apartado anterior incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

  3. Asimismo, se reconoce y declara la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura.

 

Artículo 3. Declaración de ilegitimidad.

  1. Se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones.

  2. Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley.

  3. Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.

 

Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento personal.

  1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia.

  2. Tendrá derecho a solicitar la Declaración las personas afectadas y, en caso de que las mismas hubieran fallecido, el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado.

  3. Asimismo, podrán solicitar la Declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes, careciendo de cónyuge o de los familiares mencionados en el apartado anterior, hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante en las mismas.

  4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder, así como todos aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

  5. La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley.

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Artículo 10. Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

  1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 €, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.

  2. Serán beneficiarios de la indemnización a que se refiere el apartado primero de este artículo los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no estuviere separado legalmente ni en proceso de separación o nulidad matrimonial, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

    Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán beneficiarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente, cuando dependieren económicamente del fallecido.

    Cuando se produzca la concurrencia de diversas personas que pertenezcan a un grupo de los que tienen derecho a la indemnización, la cuantía total máxima se repartirá por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condición, excepto cuando concurran el cónyuge o persona con análoga relación afectiva y los hijos del fallecido, en cuyo caso la ayuda se distribuirá al 50 por ciento entre el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad y el conjunto de los hijos.

  1. Procederá el abono de la indemnización siempre que por los mismos hechos no se haya recibido indemnización o compensación económica alguna o, habiéndose recibido, sea de cuantía inferior a la determinada en este artículo.

  2. El Gobierno, mediante Real Decreto, determinará las condiciones y el procedimiento para la concesión de la indemnización prevista en este artículo.

  3. Los beneficiarios de la indemnización establecida en este artículo dispondrán del plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, para presentar su solicitud ante la Comisión en él mencionada.

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Artículo 15. Símbolos y monumentos públicos.

  1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.

  2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

  3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.

  4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.

 

Artículo 16. Valle de los Caídos.

  1. El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.

  2. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

 

Artículo 17. Edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos.

El Gobierno, en colaboración con las demás Administraciones públicas confeccionará un censo de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.

 

Artículo 18. Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales.

  1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el artículo 23, letra b, del Código Civil, en lo que se refiere a la adquisición por carta de naturaleza de la nacionalidad española.

  2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad española por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior.

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Disposición adicional sexta.

La fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16.

 

Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.

  1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.

  2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

 

Disposición derogatoria.

En congruencia con lo establecido en el punto 3 de la Disposición Derogatoria de la Constitución, se declaran expresamente derogados el Bando de Guerra de 28 de julio de 1936, de la Junta de Defensa Nacional aprobado por Decreto número 79, el Bando de 31 de agosto de 1936 y, especialmente, el Decreto del general Franco, número 55, de 1 de noviembre de 1936: las Leyes de Seguridad del Estado, de 12 de julio de 1940 y 29 de marzo de 1941, de reforma del Código penal de los delitos contra la seguridad del Estado; la Ley de 2 de marzo de 1943 de modificación del delito de Rebelión Militar; el Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, sobre Rebelión militar y bandidaje y terrorismo y las Leyes 42/1971 y 44/1971 de reforma del Código de Justicia Militar; las Leyes de 9 de febrero de 1939 y la de 19 de febrero de 1942 sobre responsabilidades políticas y la Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y el comunismo, la Ley de 30 de julio de 1959, de Orden Público y la Ley 15/1963, creadora del Tribunal de Orden Público.

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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de la Disposición Adicional Séptima que lo hará al año de su publicación.


Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

 

(Publicada en el BOE 310 de 27 de diciembre de 2007)