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EDUCACIÓN: LIBERTAD O FRACASO

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La libertad es la posibilidad de elegir. Y para elegir se necesita, además de varias opciones: información, criterio y valores, lo que normalmente llamamos Educación, aunque deberíamos llamar Enseñanza, pues ningún pueblo carente de ella ha sido jamás libre.

Los ilustrados del siglo XVIII reciben ese nombre por su afán de conocimiento. Aquellos pueblos que no han vivido la Ilustración, como Rusia, pasaron directamente del autoritarismo zarista a la tiranía comunista. Los que solo la vivieron de forma incompleta o reducida, como es el triste caso de España, han ido saltando de periodos de caos y anarquía, en nombre de la libertad o de la igualdad, a otros de tiranía en nombre del orden, pasando por periodos de gran corrupción moral, política y económica, tanto en estos como en los momentos intermedios.

Por ello desde Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) queremos conseguir para todos una formación de calidad con una enseñanza adecuada, sin adoctrinamientos, con libertad y buscando la excelencia.

Y para eso es imprescindible comenzar por la base, por una buena base, porque, lamentablemente, la educación básica, lo que nuestro sistema educativo llama educación primaria y secundaria ni es completa, ni es libre, ni es de calidad. Y, por supuesto, no quiere la excelencia porque ello implicaría fomentar la cultura del esfuerzo, empezando por el ejemplo de los docentes, y nuestro sistema educativo huye del esfuerzo.

Desde Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) reclamamos una auténtica libertad que rescate a los educandos del adoctrinamiento o, al menos, del adoctrinamiento no deseado.

Sin embargo, la legislación actual conculca desde rus raíces la libertad de elección que, en el caso de la educación básica debe recaer en los padres, al ser los afectados menores de edad; pero que hoy, por medio de diecisiete complicadas y engañosas legislaciones, es sustraída a éstos por el Estado para ponerla, a través de su más rastrera manifestación llamada comunidad autónoma, en manos de aquéllos que odian a España.

Pese a que nuestra Constitución garantiza el derecho a la gratuidad de la enseñanza básica, la única opción que tiene el ciudadano de elegir el centro en el que formar a sus hijos, y en qué idioma, es salirse del sistema y llevarlos a un colegio privado, con costes comprendidos entre los trescientos y quinientos euros al mes. Eso sin contar con los de otros conceptos que, en este caso, no siempre son opcionales, como comedor y transporte.

La falacia de la educación gratuita, y digo falacia porque siempre paga alguien, no nos sale barata. De hecho, si los padres tuviesen que pagar la educación pública y concertada, saldría más cara. Más la pública que la concertada y ésta que la privada; aunque en lugar de pagarla directamente los padres lo hacen todos los españoles por medio de los impuestos… Tengan o no hijos en edad de estudiar y, de tenerlos, acudan a centros públicos, concertados o privados.

En Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) pensamos que debería primar el criterio de la calidad frente al del medio por el que se oferta esa enseñanza y que no necesitamos que el profesor que enseña a nuestros hijos sea un funcionario… Es más, si nos fijamos en las naciones de nuestro entorno mejor situadas en el ranking de los informes PISA, vemos que es mejor que no sean funcionarios.

Países situados en el norte de la Europa, donde la libertad de elección es total y la aportación del estado a la educación se sustancia en el «cheque escolar», donde los centros públicos y privados compiten en igualdad de condiciones, siendo la cantidad de alumnos los que definen que recursos tienen los centros… o, sin ir tan lejos, un país como el Reino Unido, en el que la enseñanza pública es la única gratuita pero donde los centros dependen del número de alumnos matriculados para obtener y mantener su financiación y el profesorado es contratado, evaluado y renovado o despedido en función de criterios de eficiencia, demuestran que hay otra forma de hacer las cosas.

Por eso, en Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) planteamos que el sistema educativo tiene que revisarse muy a fondo, estimulando los criterios de calidad y excelencia sobre la utilización partidista adoctrinadora que actualmente realizan las administraciones públicas españolas.

En Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) también pensamos que no es aceptable una educación de primera y otra de segunda. Por ello, la educación pública debe ser de calidad. Pero somos conscientes de que, aun existiendo hoy día profesores vocacionales, éstos representan una mínima parte y están desmotivados por condiciones de trabajo que benefician a los lacayos y adoctrinadores políticos frente a los que persiguen la excelencia docente.

Somos conscientes de que un monopolio educativo no solucionará los problemas y que es necesario que la iniciativa privada pueda competir, en igualdad de condiciones y sin cortapisas en forma de concierto que le obligue a rechazar alumnos que quieran acudir a sus centros o a admitir otros que no lo deseen utilizando únicamente criterios de proximidad geográfica. La aportación o la gratuidad de la enseñanza básica debe establecerse desde la libre elección de los padres y alumnos y por ello, como medio para fomentar la competencia y competitividad entre los centros, optamos por la creación de un sistema análogo al del «cheque escolar», como comúnmente se viene denominando, aunque perfeccionado, que garantice plena libertad a los padres para elegir donde desean que se formen sus hijos y que constituya también la única financiación de los centros públicos.

La profesionalización y desfuncionarización de los cuerpos docentes, igual que ocurre en los países más avanzados de nuestro entorno, es un paso necesario, aunque no suficiente, para poder tener en el futuro una formación de calidad.

La simplificación de trámites de un sistema de financiación por alumno, con libre elección por parte de los padres, rompería el actual oligopolio (con dos elementos mayoritarios y casi monopolísticos: el Estado y la Iglesia Católica) y permitiría la creación de centros de excelencia, obligados actualmente a renunciar a la posibilidad de cualquier tipo de concierto con la administración ante las inaceptables condiciones que ésta les exige.

Además, la necesidad que tendrían los centros públicos de atraer alumnos si quieren recursos evitaría que éstos le fueran asignados aplicando criterios políticos, como hasta ahora ha ocurrido, favorecerá la mejora de la calidad de la enseñanza y reducirá el adoctrinamiento que, lamentablemente, sufren hoy la mayoría de los infantes y jóvenes con la nefandas manipulaciones realizadas en los materiales de asignaturas como “Educación para la ciudadanía”.

¿De verdad los gobiernos que hemos tenido han sido tan torpes que fomentan conscientemente un sistema nacional de educación que en lugar de favorecer la igualación ahonda la brecha y la separación entre las clases sociales o es que nuestros políticos actuales tienen una intención oculta? Es necesario cambiar completamente el sistema si queremos una enseñanza de calidad, libre y que favorezca la igualdad de oportunidades, en lugar de la actual que reserva la calidad y la excelencia para quien pueda permitírselas.

José V. Bau Giménez

Vocal Cuarto de la Ejecutiva Nacional de DERECHO CIUDADANO A DECIDIR

DCID – El Partido del Siglo XXI

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