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HABLEMOS UN RATO DE RATO

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Pero solo hablaremos un poco para no caer en la trampa que han tendido a la opinión publicada, que mueve a la pública, algunos propagadores de la noticia de las posibles irregularidades financieras y fiscales de quien fue Vicepresidente Económico en el Gobierno del PP ocupando, además, la muy importante cartera del Ministerio de Economía y Hacienda.

No vamos a hacer panegíricos de su gestión al frente de los destinos económicos de nuestra Patria ni a criticar sus posibles errores en el desempeño de tan altas funciones. Eso queda para aquéllos analistas que tienen acreditada preparación para caminar por los enrevesados vericuetos de esas difíciles materias y están al tanto de los intríngulis técnicos vedados a quienes son profanos en ellas.

Tampoco nos detendremos en el intento de averiguar de donde proviene el fuego cruzado que, de improviso, lo ha elegido como blanco de las más variadas diatribas y calificativos. Tanto si su origen está entre las que antaño eran las filas amigas, por espurios e incomprensibles motivos que nosotros no acertamos a comprender, como si es una estrategia de acoso y derribo de los oponentes políticos del PP para utilizarle sin piedad como diana en la que clavar sus dardos envenenados a los actuales dirigentes de ese Partido, los hechos difundidos se encuentran rodeados de extrañas circunstancias que permiten el nacimiento de toda clase de especulaciones, algunas de las cuales están circulando por la mayoría de los mentideros políticos y mediáticos.

Sea culpable o no de las ilegalidades que ya le imputan ciertos comentaristas, se trate o no de irregularidades administrativas o de actos delictivos y afecten estos a su estricto ámbito personal o también a su gestión en el Partido, del que ahora está suspendido de militancia, no es eso lo que nos inquieta.

No acertamos a comprender, aunque nos tememos las razones, el por qué de tan copiosa y llamativa publicidad acerca de la investigación de los hechos irregulares que se le atribuyen ni de la velocidad con que se están realizando las diversas actuaciones que comprometen al señor Rato, deteriorando su imagen pública sin respetar para nada el fundamental derecho a la presunción de inocencia. Sobre todo cuando comparamos ese comportamiento con la extrema prudencia y enorme lentitud demostrada en supuestos muy llamativos, tanto o más escandalosos para los asombrados ciudadanos, cual son aquéllos que afectan a Álvarez (Maleni), Chaves, Griñán, Hernández Moltó, Pujol y toda su tropa, Serra (Narciso), Urdangarín y su esposa, Zarrías, etc.

A estos individuos se les trata con guante de seda y exquisita cortesía por parte de policías, fiscales y jueces mientras en el caso que ahora comentamos, al igual que otros muy sonados del pasado cercano, se les hace pasar por lo que ha venido en denominarse “pena de telediario”, sin la más mínima conmiseración ni atisbos de que se aplique una justicia equitativa. Esa realidad incontrovertible hace sospechar que en el seno de esos cuerpos funcionariales siguen infiltrados algunos elementos que acatan las directrices marcadas por quienes antaño los situaron en los cargos que ocupan con el fin de conseguir que sus actuaciones no sean objetivas, apartándose así de la obligación que tienen quienes ejercen en España esas funciones primordiales para garantizar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Un estricto cumplimiento del Ordenamiento Jurídico, no solo en lo que al fondo se refiere sino también en las formas y procedimientos, sería la mejor garantía de que estamos inmersos en un sistema democrático real. Lo demás es solo un cuento y mera palabrería propia de los corrompidos políticos que, por desgracia, se han adueñado en los últimos lustros del espacio público.

EXIGIMOS que, tanto en ésta como en las demás cuestiones investigadas el trato dispensado sea igual para TODAS las personas, en circunstancias similares, sin importar su condición económica o cultural, la relevancia en los ámbitos social o político que hayan podido alcanzar en el pasado o estén disfrutando en el presente, ni las demás circunstancias personales.

Mientras eso no ocurra, a los ciudadanos decentes nos será imposible admitir el criterio defendido por algunas personas cercanas a los núcleos del poder, que se ha propagado hasta el aburrimiento, cuando afirman sin rubor que en España disfrutamos de una democracia consolidada.

CONSEJO POLÍTICO PROVISIONAL DE DERECHO CIUDADANO A DECIDIR

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I.V.P.