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MANIFIESTO

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“DERECHO CIUDADANO A DECIDIR” (“DCID”) ha   nacido para abanderar los principios de la derecha liberal con espíritu social. En este Partido no nos avergonzamos de proclamar los valores que caracterizan a una derecha civilizada, democrática y valiente, necesaria, tanto en circunstancias normales como en los tiempos de zozobra e inseguridad física y jurídica que ahora sufrimos, para salvaguardar la herencia ética recibida de quienes nos precedieron en el amor a la libertad y la defensa de los irrenunciables derechos de la persona.

En plena coherencia con lo anterior PROCLAMAMOS:

– Nuestra defensa de la VIDA del ser humano, desde su gestación hasta la muerte natural o accidental, pero sin dogmatismos intransigentes.

– Nuestra defensa del derecho de todas las personas a no sufrir nunca MALTRATO FÍSICO O PSÍQUICO, con especial atención a las más débiles, como son los menores y los mayores.

– Nuestra defensa de la LIBERTAD como uno de los más importantes patrimonios del individuo, después de la vida.

– Nuestra defensa de la DIGNIDAD, del HONOR y de la PROPIA IMAGEN de todas las personas, sin que se admita excepción alguna que atente contra su disfrute.

– Nuestra defensa de una SANIDAD PÚBLICA, cuya gestión se encomiende a equipos profesionales bien dotados de medios materiales y humanos, en la que no se privilegie a los foráneos sobre los oriundos.

– Nuestra defensa del derecho de todos los ciudadanos a recibir una ENSEÑANZA no adoctrinadora de manos de unos maestros y profesores universitarios bien formados, totalmente gratuita hasta cumplir los 18 años y estableciendo, después, ayudas en forma de créditos retornables para facilitar el acceso a todos cuantos lo soliciten.

– Nuestra defensa del incuestionable derecho de toda persona a desempeñar un TRABAJO compatible con su preparación y capacidad y a recibir una RETRIBUCIÓN adecuada y justa, suficiente para que vivan dignamente ella y su familia.

– Nuestra defensa del derecho de las personas a disponer de una VIVIENDA de superficie suficiente, que reúna las adecuadas condiciones de confortabilidad, para poder habitarla junto a sus allegados; sin que puedan ser arbitrariamente privadas de su disfrute pretextando para ello causas no imputables a comportamientos delictivos por su parte.

– Nuestra defensa de la PROPIEDAD PRIVADA, cuando ha sido adquirida con medios lícitos, sin que nadie pueda ser despojado de ella salvo por causa de interés público y siempre que se reciba el adecuado justiprecio.

– Nuestra defensa de un ORDEN PÚBLICO equilibrado destinado a proteger y servir a los ciudadanos, y en el que los derechos de quienes pertenecen a las Fuerzas de Seguridad del Estado les permitan desempeñar con eficacia su necesaria actividad, sin más limitaciones que las impuestas legalmente.

– Nuestra defensa de las, casi siempre olvidadas por los poderes del Estado, VÍCTIMAS de toda clase de hechos punibles, en especial las de los actos terroristas, y la imposición a todos los delincuentes de unas penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos sin posibilidad de reducción de condenas, salvo que se compruebe, de forma fehaciente, el arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas, el deseo de reparación de los daños causados y la estrecha colaboración con los Jueces y Magistrados para esclarecer los supuestos aún sin resolver.

– Nuestra defensa de unas FUERZAS ARMADAS a las que se dote de un equipamiento adecuado para el desarrollo de sus importantes cometidos en lo concerniente al mantenimiento de la integridad del territorio español y a la colaboración con los gobiernos de otros países u organizaciones internacionales dirigida a participar en misiones de protección y humanitarias. Es preciso revisar las retribuciones de sus miembros y regular, de forma objetiva, la carrera militar.

– Nuestra defensa del derecho a recibir INFORMACIÓN VERAZ por todos los conductos, impidiendo acciones manipuladoras que la tergiversen.

– Nuestra defensa de las imprescindibles LIBERTADES DE PENSAMIENTO, OPINIÓN E INFORMACIÓN, sin más limitaciones para su ejercicio que el respeto a la dignidad de las demás personas.

– Nuestra defensa de la LIBERTAD DE ACCIÓN POLÍTICA sin más cortapisas que las que puedan derivarse de comportamientos delictivos.

– Nuestra defensa del derecho a la ELECCIÓN DIRECTA de los cargos institucionales de representación política o directivos de organismos reguladores y de control, por los votantes, con posibilidad de REVOCACIÓN.

– Nuestra defensa de la LIBERTAD RELIGIOSA y de culto con absoluto respeto y total atención a las confesiones cristianas y, en especial, a la CATÓLICA por tratarse de la mayoritaria dentro de la sociedad española.

– Nuestra defensa de la IGUALDAD de todas las personas sin que puedan establecerse discriminaciones positivas o negativas en razón de sexo o cualquier otra circunstancia personal o social, salvo las derivadas de la capacidad y el mérito para el ejercicio de las funciones públicas o privadas.

– Nuestra defensa de la adopción de medidas de orden legal que SUPRIMAN LOS PRIVILEGIOS que hasta el presente vienen disfrutando quienes ocupan cargos en las instituciones del Estado (sobresueldos, pensiones, indemnizaciones, gratificaciones, dietas y supuestas compensaciones de cuantía excesiva en comparación con las establecidas legalmente para el resto de los ciudadanos).

– Nuestra defensa de la desaparición de las figuras del AFORAMIENTO e INVIOLABILIDAD, por ser contrarias al principio de igualdad ante la Ley que proclama y ampara la Constitución Española.

– Nuestra defensa de un ORDENAMIENTO JURÍDICO que sea JUSTO, eliminando muchas normas reiterativas o contradictorias que dificultan las gestiones que los ciudadanos deben realizar cada día en sus actividades personales, laborales y empresariales.

– Nuestra defensa de una JUSTICIA equitativa, rápida y eficaz  para  todos, sin que ello pueda comportar una carga económica que la convierta en inaccesible para la mayor parte de los ciudadanos.

– Nuestra defensa del derecho a que todos los SERVICIOS PÚBLICOS sean eficaces y suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos, sin malgastar el dinero de los contribuyentes en obras y actividades que sean manifiestamente innecesarias.

– Nuestra defensa al derecho que tienen los mayores, que han contribuido con su actividad laboral al bienestar y la prosperidad de todos, a disfrutar de PENSIONES en cuantía suficiente para vivir dignamente.

– Nuestra defensa de un sistema fiscal que impida, de un lado, la IMPOSICIÓN REITERADA y, de otro, la injusta aplicación de IMPUESTOS CONFISCATORIOS.

– Nuestra defensa de la FAMILIA TRADICIONAL en la que reside de forma exclusiva, salvo aquellas excepciones que aconsejen otro tratamiento, la facultad de EDUCAR a las futuras generaciones, para que no se pierdan las virtudes que antaño estaban arraigadas en la conciencia colectiva.

– Nuestra defensa de la UNIDAD DE ESPAÑA atendiendo a su Historia, a la vigente Constitución y al sentimiento mayoritario de los ciudadanos.

– Nuestra defensa de los SÍMBOLOS DE LA PATRIA, sin merma del respeto a los que caracterizan sus diversas REGIONES, todas ellas históricas.

– Nuestra defensa del IDIOMA ESPAÑOL, sin perjuicio del respeto a las LENGUAS AUTÓCTONAS de algunos de sus territorios, pero sin permitir que ciertos  individuos viles e indeseables consigan colonizar lingüísticamente a sus conciudadanos a fuerza del dinero robado a todos los contribuyentes.

– Nuestra defensa de la CULTURA característica de las diferentes Regiones españolas que, en su conjunto, conforman el patrimonio cultural de España.

– Nuestra defensa de todas las TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES arraigadas en las costumbres y modos de vida de los españoles, en sus diferentes modalidades regionales.

– Nuestra defensa de unas ágiles, eficientes y accesibles ADMINISTRACIONES PÚBLICAS en las que se elimine la reiteración de trámites en los diferentes niveles y se supriman requisitos innecesarios.

– Nuestra defensa de una distribución de competencias racional; con RECUPERACIÓN por parte del Gobierno Central de las relativas a Cultura, Enseñanza, Justicia, Sanidad y Urbanismo.

– Nuestra defensa de la SUPRESIÓN DE SUBVENCIONES a Partidos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Asociaciones y ONG’s, salvo aquéllas cuyas actividades comporten un evidente y demostrable ahorro para el Tesoro Público.

– Nuestra defensa de COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS DECENTES dirigidos al bienestar de los ciudadanos, exigiendo a quienes ocupen cargos públicos el pleno afán de servicio y evitando que usen el desempeño de los mismos en su propio beneficio y en el de sus familiares, amigos y paniaguados.

– Nuestra defensa de todas las medidas que puedan adoptarse para ERRADICAR LA CORRUPCIÓN de las instituciones públicas y de las entidades privadas.

– Nuestra defensa del derecho a utilizar todos los medios instituidos legalmente para PROTEGERSE con acciones colectivas de los abusos y procedimientos coactivos de los administradores públicos y empresarios privados, cumpliendo estrictamente la Ley y sin alterar el orden social ni cometer actos delictivos.

“DERECHO CIUDADANO A DECIDIR” (“DCID”) adquiere el compromiso formal con la sociedad española, si confía en su programa, de arbitrar cuantas medidas puedan estar a su alcance para que la defensa de los derechos y proyectos antes relacionados no se conviertan en promesas vacuas que la acción política cotidiana transforme en nueva causa de frustración de los votantes.

Para ello NECESITAMOS:

– Contar con un considerable número de AFILIADOS que puedan transmitir con ilusión perceptible los principios y valores de “DCID” y trabajen en sus distintos ámbitos de influencia personal, profesional y social para dar a conocer el proyecto a muchas personas que, a su vez, lo propaguen en sus respectivos entornos.

– Incorporar a los Gabinetes de Trabajo y Departamentos del Partido muchas PERSONAS PREPARADAS en las diferentes actividades profesionales, de todas las edades y condiciones sociales, que ayuden a realizar los estudios necesarios para elaborar propuestas viables y bien documentadas dirigidas a poner en práctica las antes  citadas  iniciativas  y  también  para  redactar los proyectos legislativos que deberán presentarse en su momento, tras su aprobación por los afiliados, a la consideración de los cuerpos legislativos de los distintos ámbitos.

– Contar con la colaboración de personas de inequívoco PRESTIGIO PERSONAL en el ámbito de la sociedad civil que crean en el proyecto de “DCID” y sepan defenderlo convincentemente ante los potenciales electores.

– Acceder a los diferentes MEDIOS DE COMUNICACIÓN para explicar a los ciudadanos que nuestro Partido tiene un proyecto de REGENERACIÓN de la vida política española distinto al de las demás opciones, pues no queremos incorporar en los cargos de sus Órganos de Gobierno y de Control a personas que se consideren “políticos profesionales” sino ciudadanos que hayan tenido previamente, y sigan teniendo ahora, actividades laborales o empresariales cuya entidad demuestre el hecho de haber vivido o vivir en la actualidad de un trabajo productivo ajeno a la gestión política tradicional.

– Conseguir la imprescindible AYUDA FINANCIERA a través, no solo de las aportaciones de los afiliados y simpatizantes, sino también de donantes que compartan nuestro proyecto y confíen en él, sin exigir a cambio ningún trato de favor en la futura acción política del Partido.

SI CONOCÉIS NUESTRO PROYECTO Y COMPARTÍS EL “IDEARIO PROGRAMÁTICO”, LOS “ESTATUTOS” Y EL “CÓDIGO ÉTICO” DE “DERECHO CIUDADANO A DECIDIR” OS ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS PARA QUE COLABORÉIS EN EL PUESTO QUE MEJOR SE ADAPTE A VUESTRA PREPARACIÓN Y CAPACIDADES.