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MEDIDAS DE GOBIERNO PROPUESTAS POR DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID)

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MEDIDAS DE GOBIERNO PROPUESTAS POR DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) PARA SER ADOPTADAS POR EL PARTIDO QUE AGRUPE AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE LOS PARTIDOS HOY EXISTENTES CUYA IDEOLOGÍA SE ENCUADRA EN EL ÁMBITO DE LA DERECHA.

Medidas previas a la modificación del Título VIII de la Constitución dirigidas a suprimir la actual división del territorio en Comunidades Autónomas, implantando una sistema regional sustentado en la Historia de España, que tenga en cuenta todas las circunstancias de índole geográfico, y económico, en el que prime una descentralización administrativa real para evitar los conflictos originados por interferencias competenciales y la excesiva multiplicidad de trámites burocráticos:

– Recuperación inmediata por parte del Estado Central de las competencias en materias de Cultura, Enseñanza, Justicia, y Urbanismo.

Comportará un ahorro considerable por la simple razón de la denominada economía de escala y facilitará en gran medida la unidd de mercado, además de garantizar la igualdad de todos los españoles sea cual sea la región en la que residan.

Reducción en, al menos, un cincuenta por ciento del actual número de diputados de los parlamentos regionales y de los miembros de los respectivos órganos de gobierno, que deberá ir pareja a una homologación de la cuantía de sus retribuciones, que podría fijarse en la media aritmética de las percibidas actualmente en todos ellos. Se trata de un paso previo a la constitución de Órganos Regionales formados por los representantes de los ayuntamientos resultantes de la fusión que más adelante se propone.

Significará un importante ahorro directo del montante de las partidas que ahora se destinan para esos conceptos, al que cabe añadir el indirecto que se derivará de una reducción significativa al eliminar, consiguientemente, los respectivos gastos de funcionamiento.

Supresión de las Diputaciones Provinciales y Forales, así como de los Cabildos Insulares, que deberá simultanearse con la integración de Ayuntamientos (no de la disminución del número de Municipios y de otros núcleos poblacionales) siguiendo el modelo de las actuales Mancomunidades, de las que podrían derivarse los Órganos Regionales antes citados, pero perfeccionando su esquema organizativo y funcional para garantizar la prestación de servicios eficaces a todos los ciudadanos que residan en sus respectivos ámbitos.

Aparejará, por añadidura, una reducción sustancial de los gastos de gestión atendiendo a la economía de escala y, además, se conseguirá un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Sobre todo si se crea dentro de cada nuevo Ayuntamiento una “ventanilla única” en la que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones personales y de naturaleza económica sin verse obligados a efectuar desplazamientos innecesarios.

– Eliminación en las Administraciones Autonómica y Local de instituciones y organismos que se han creado con el fin de realizar, en el correspondiente ámbito, funciones idénticas a las ya existentes a nivel nacional (Defensores del Pueblo, Consejos Económicos y Sociales y otras de análoga naturaleza) así como de Empresas Públicas, cuya creación tenía como único objetivo eludir los preceptivos controles presupuestarios y de índole fiscal que rigen el para los órganos ordinarios.

Reportará, de una parte, la mayor eficacia en las funciones encomendadas, sin contar la igualdad de trato a todos los ciudadanos, y, de otra, la eliminación de instrumentos que solo han servido para fomentar la corrupción institucional.

Desaparición en todas las Administraciones de la mayor parte de empresas públicas, observatorios y resto de los “inventos” cuya creación han promovido los dirigentes de los partidos políticos que han ejercido el poder en los distintos ámbitos para dar cobijo a sus seguidores más fieles.

La desaparición de lo que en la actualidad no son más que “pesebres” para alimentar a las camarillas partidarias (la famosa “mamandurria” a la que se refería un famoso periodista ya fallecido) reportará a las Arcas Públicas un considerable ahorro en sueldos inmerecidos y en gastos de “funcionamiento” no necesarios que son, obviamente, improductivos.

Medidas que deberán aplicarse de forma prioritaria y paralelamente a las anteriores, la mayoría de las cuales no requieren una reforma de la Constitución Española.

De ahorro:

– Eliminación de todos los asesores en los distintos ámbitos administrativos e institucionales y asignación reglada de sus actuales cometidos a funcionarios públicos de carrera (no interinos ni contratados) que comportará la absoluta prohibición de futuros nombramientos de personas en tal calidad.

Se impedirá así el actual nepotismo que ha convertido algunas partidas presupuestarias en forraje para los enchufados y palmeros de los partidos que controlan la correspondiente administración, además de garantizar mayor imparcialidad en las tareas de asesoramiento, dada la naturaleza estatutaria de los funcionarios públicos que, además, solo deberán acceder a sus plazas por el sistema de oposiciones y a los puestos de la carrera funcionarial por pruebas o concursos para los que previamente se establezcan rigurosos sistemas objetivos de valoración.

– Desaparición de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones, asociaciones varias y también ONG,s cuyas actividades humanitarias o sociales no comporten un ahorro ya demostrado y verificable al Tesoro Público.

Recortará de forma drástica los fondos presupuestarios que hoy se destinan a actividades que no comportan beneficio alguno para los ciudadanos y con ello se evitará un fraude sistemático que solo beneficia a un conjunto de gran número de aprovechados que han convertido en un negocio muy lucrativo su “altruista” dedicación al “bien común”.

– Penalización de los comportamientos de quienes ocupan en las diferentes instancias cargos, tanto públicos como de naturaleza política o funcionarial, cuando con sus decisiones o acuerdos originen gastos innecesarios o promuevan la realización de inversiones injustificadas e injustificables desde las perspectivas jurídica, económica o técnica, máxime cuando conduzcan a aumentar el déficit público. Las penas deberán comportar inhabilitación total y permanente para desempeñar cargos públicos y la obligatoriedad de resarcir del quebranto económico o de los daños y perjuicios causados.

– Impedirá que en el futuro se aventuren los políticos y los funcionarios a adoptar decisiones sin justificarlas de forma racional y suficiente desde las antes señaladas perspectivas.

De control:

– Creación de un Cuerpo Nacional de Interventores del Estado, competente para actuar en el ámbito de todas las Administraciones Públicas que, por descontado, no esté sometido al control de los partidos y al que se ingrese por oposición. No se podrá realizar ningún gasto con cargo a los presupuestos sin una previa intervención de dichos funcionarios, que tendrán competencias para fiscalizar el destino de todas las partidas autorizadas sin perjuicio de las atribuidas al Tribunal de Cuentas. Sus informes serán determinantes para que los Órganos de la Administración de Justicia puedan exigir las responsabilidades de toda índole en que incurran quienes malversen o malgasten el dinero del Tesoro Público.

Será una eficaz garantía de que el dinero recaudado por la acción impositiva de las Administraciones no se utilizará arbitrariamente, dada su total autonomía de los poderes ejecutivo y legislativo.

– Creación de un Cuerpo Nacional de Inspectores único que esté constituido por varias Secciones especializadas en las materias que tengan respectivamente encomendadas los actuales Inspectores Fiscales, de Trabajo, de Calidad, de Enseñanza (que debería denominarse así y no, como en la actualidad, de Educación) y las demás existentes. Sus funcionarios también deberán tener atribuciones para actuar en el ámbito de las diferentes Administraciones Públicas y no encontrarse sometidos al control partidista, ingresando en él por el sistema de oposición, que será específica para cada una de las Secciones.

Se conseguirá así una eficaz coordinación de todas las actividades inspectoras y una plena autonomía de gestión dirigida a impedir que sus informes se vean influidos por presiones externas.

De garantías políticas y legales:

– Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que comporte la independencia efectiva de éste respecto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo implantando sin ningún condicionante la elección directa de sus miembros por los jueces y magistrados, sin intervención de partidos o asociaciones profesionales. Transitoriamente se podría mantener el actual formalismo de elección de una parte de los consejeros por el Parlamento pero aceptando la propuesta que con carácter previo presenten jueces y magistrados, concretada en una lista de candidatos que doblen en número al de los que deberán componer el Consejo.

Se respetaría así el principio de separación de poderes que inspiró, teóricamente, el texto de la Constitución Española.

– Elección directa de jueces y fiscales de distrito en aras de una democratización de la Administración de Justicia que sea real, con el fin de que los ciudadanos no se mantengan alejados de la misma.

Con esa medida los españoles se sentirían implicados en la importante tarea de impartir justicia.

– Desaparición del acceso a la Carrera Judicial por el cupo de lo que en el presente se denominan turnos alternativos (segundo, tercero, cuarto) así como de jueces de apoyo contratados o interinos que no pertenezcan a la carrera judicial e implantación de un riguroso mecanismo de oposiciones para ingresar en la misma que garantice la adecuada preparación de quienes la componen.

– Se eliminará una de las lacras que han causado más daño a la imagen de la Administración de Justicia al haber sido utilizada por los partidos para colocar a personas adictas con el pretexto de que se trataba de profesionales de “reconocido prestigio”.

 Aprobación de un régimen retributivo único para los funcionarios de la Administración de Justicia que sea adecuado a las importantes funciones asignadas y cuya aplicación impida que se produzcan discriminaciones económicas por razones políticas o de índole partidista, como ocurre en la actualidad.

Su implantación representará un incentivo para todos los funcionarios afectados y un reconocimiento explícito del trabajo realizado en defensa de los derechos que asisten a los ciudadanos.

– Dotación de medios humanos y materiales adecuados a las tareas encomendadas ampliando las plantillas para cubrir las necesidades, siempre regulando el acceso a los Cuerpos de la Administración de Justicia por el sistema de oposiciones libres, y fijando en las oportunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado una cuantía que sea suficiente para conseguir dicho objetivo.

Con esa medida podrá ponerse fin a las carencias que hoy existen y que representan un obstáculo a veces insalvable para el estricto cumplimiento de las obligaciones de índole profesional por parte de todos quienes forman parte de la Administración de Justicia.

De seguridad nacional y orden público:

– Modificación de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (LOCFSE) cuyo articulado instituya:

. La desaparición de todas las Policías Autonómicas y la integración de los actuales efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de ámbito nacional.

Se evitarán conflictos competenciales y podrá arbitrarse una política de seguridad ciudadana y de orden público que sea eficaz y homogénea en todo el territorio español.

. La aprobación de un régimen retributivo único que sea adecuado a las importantes funciones asignadas y cuya aplicación impida que se produzcan discriminaciones económicas por razones políticas o de índole partidista, como sucede en la actualidad.

Su implantación representará un incentivo para todos los funcionarios afectados y un reconocimiento explícito del trabajo realizado en defensa de la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

. Dotación de medios humanos y materiales adecuados a las tareas encomendadas ampliando las plantillas para cubrir las necesidades, siempre regulando el acceso a los Cuerpos por el sistema de oposiciones libres, y fijando en los oportunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado una cuantía suficiente para conseguir ese objetivo.

Con esa medida podrá ponerse fin a las insuficiencias que hoy se padecen y que representan un serio obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones de índole profesional por parte de quienes integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

De activación económica y fomento del empleo:

– Reducción de entre un diez y un veinticinco por ciento, como media, del IRPF, estableciendo un suficiente número de tramos que garanticen su efectiva progresividad y equilibren la carga impositiva con un reparto equitativo de la misma, acorde a la situación económica de los sujetos pasivos y teniendo siempre en cuenta sus circunstancias familiares.

Con ello, además de evitarse los injustos desequilibrios que hoy existen, los contribuyentes dispondrán de más recursos para el consumo, la inversión y el ahorro, lo que redundará en una reactivación de la economía.

– Eliminación del IRPF para los pensionistas, cumpliendo así los acuerdos europeos e internacionales que prohíben la doble imposición.

Además de aplicar los compromisos formales adquiridos por España en el ámbito jurídico, se trata de una medida con gran repercusión social dado que beneficia a los mayores, que ya contribuyeron lo suficiente cuando estaban en activo; lo que representaría, de hecho, un claro y sustancial aumento de la cuantía neta de las pensiones.

– Reducción en dos puntos del actual porcentaje del IVA fijado para los productos básicos, entre los que deben estar: alimentos, medicinas, elementos de limpieza del hogar y aseo personal, material escolar, automoción de primera necesidad, transportes públicos, elementos de seguridad y otros similares.

El objeto es reducir el coste de lo que se ha denominado “cesta de la compra” que garantice la accesibilidad de las personas y familias a los productos de primera necesidad.

– Fijación en el mismo porcentaje que el establecido para los productos básicos del tipo de IVA aplicable a todos los relacionados con la cultura, como son: enseñanza, libros impresos o en soporte digital, discos, películas en soporte DVD o similar, espectáculos y demás productos que están relacionados con la creación, edición, difusión y oferta de actividades culturales.

Se satisface así una de las demandas sociales y del sector que han ignorado los sucesivos gobiernos, facilitando con ello a todas las personas, cualquiera que sea su nivel económico, el acceso a los bienes de naturaleza cultural.

– Aumento de entre dos y cuatro puntos del porcentaje que se aplica actualmente a los demás productos: derivados del alcohol (excepto vinos que no sean de reserva o de importación para los que se aplicará el indicado en el supuesto anterior), tabaco y otros objetos relacionados con su consumo, automóviles y motos de gama alta, productos de gourmet, ropa de alta costura y complementos de vestir de lujo, joyería, etc…

Ese nuevo tratamiento producirá un efecto distribuidor de la riqueza dado que lo soportarán más los contribuyentes con mayores niveles de renta, pues son los que podrán permitirse comprar esos productos con mayor porcentaje impositivo.

– Fijación en el uno por ciento (que se mantiene con el único fin poder controlar todas las actividades económicas) de los impuestos por patrimonio, sucesiones, donaciones y otros actos jurídicos documentados.

Se eliminan así, prácticamente, impuestos que, según gran número especialistas en materia fiscal, incurren en la injusta figura de la doble imposición puesto que gravan recursos económicos disponibles por los ciudadanos que ya habían sufrido una carga impositiva al obtenerlos.

– Reducción de los impuestos por actividades societarias cuyos tipos porcentuales se rebajarán sensiblemente en función de los puestos de trabajo creados, en especial si se formalizan mediante contratos indefinidos.

Se trata de una medida necesaria dirigida a generar empleo de forma eficaz y permanente.

– Disminución al menos en un cincuenta por ciento, durante tres años, de las cuotas de la Seguridad Social a las Empresas que formalicen contratos de duración indefinida con personas en situación de desempleo, llegando incluso a la exención total cuando los trabajadores contratados sean jóvenes que acceden a su primera ocupación laboral y de desempleados con muchas cargas familiares. Los desempleados que reciban prestaciones serán ubicados en empresas y el dinero dedicado a éstas se utilizará para cubrir sus cuotas de Seguridad Social y las de la empresa de destino.

De inmediato se conseguirá incentivar la contratación de trabajadores con garantías de una mayor estabilidad y, en consecuencia, reducir la tasa de paro.

– Disminución en al menos un diez por ciento de las cuotas de la Seguridad Social aplicables ahora a los trabajadores autónomos, que podrá aumentarse en otro diez por cada trabajador que contrate (hasta u máximo de cuatro) para el desarrollo de su actividad empresarial. Este beneficio será compatible con el anterior.

Con su aplicación se atenderá la demanda del colectivo de trabajadores autónomos que, además, comportará sobre la tasa de desempleo un efecto análogo al de la medida anterior.

– Dotación de un fondo especial de ayuda a la formación de los desempleados y de los trabajadores en activo (tanto sean por cuenta ajena como autónomos), así como a las empresas (sean PYMES o de gran dimensión) que la faciliten y la promuevan; siempre que las ayudas no se concreten en subvenciones directas o indirectas en cuya distribución intervengan organizaciones sindicales y patronales, sino que estén gestionadas directamente por el INEM o el organismo que asuma sus funciones.

Se evitarán, pues, intermediarios innecesarios para evitar el desvío de las partidas presupuestarias disponibles a actividades que sean ajenas al fin pretendido, lo que ha ocurrido hasta el presente con el consiguiente aumento de la corrupción.

– Reducción del IBI, que deberá ser aplicable por igual en todo el territorio nacional, tras la elaboración y aprobación de unos criterios uniformes que tengan presente las distintas características de los inmuebles (ubicación, antigüedad, estado de conservación, valoraciones de mercado, etc…)

Se conseguirá así terminar con las grandes desigualdades que existen actualmente entre las cuantías aplicables por las distintas corporaciones municipales según sea la voracidad impositiva de los políticos que las gestionan y que, por otra parte, no atienden a criterios técnicos y económicos objetivos.

– Eliminación de todas las tasas aplicables por prestación de servicios que no comporten un valor añadido cuantificable y verificable, así como reducción sustancial de las actuales tasas derivadas de la recogida y posterior tratamiento de basuras, estableciendo un baremo único para todas las poblaciones, que tenga presente, con carácter general, las circunstancias concurrentes.

Es preciso acabar con el abuso de que han sido objeto los ciudadanos por parte de los gobiernos municipales más preocupados en recaudar a toda costa que en prestar servicios eficaces a un precio justo y proporcionado al coste real de los mismos.

De protección de la vida y de la familia:

– Aprobación de una Ley de Defensa de la vida y de ayuda y protección a las mujeres embarazadas, a los enfermos terminales y a las familias de éstos que reconozca como prioritarios el derecho a vivir de todos los seres humanos desde su concepción hasta la muerte natural o accidental, así como el de los enfermos terminales a que nadie disponga, sin su consentimiento expreso, cuando deben dejar de aplicarse los tratamientos paliativos o bien suprimir los medios artificiales dirigidos a mantenerles vivos. Además de incidir en la aplicación de los medios educacionales y formativos precisos para conseguir que las embarazadas no opten por aplicar los habituales métodos dirigidos a desprenderse del feto y para que los enfermos terminales sepan adoptar en su momento la decisión más adecuada que imposibilite que otros (sean familiares o profesionales médicos) decidan por ellos.

Se trata, por una parte, de poner fin a la aplicación de las habituales prácticas abortivas cual si se tratase de métodos anticonceptivos, así como evitar la colaboración cómplice de ciertos colectivos que promueven y facilitan el aborto libre, además de impedir el negocio interesado, muchas veces fraudulento y falto de ética, de las clínicas que obtienen pingües beneficios aprovechándose de la ignorancia, la falta de formación o la endeble voluntad de muchas mujeres afectadas por el problema que se ven en la encrucijada de tomar una decisión. Por otra parte hay que terminar definitivamente con los egoísmos familiares y los comportamientos médicos ajenos a la deontología profesional que conducen a la comisión de asesinatos encubiertos alegando, como hipócrita justificación, una hipotética compasión de carácter humanitario que gran número de veces esconde intereses espurios.

– Promulgación de una Ley de Protección de las familias cuyo fin sea ayudar a la superación de circunstancias económicas difíciles y atender las diversas necesidades que se presentan para constituir una familia, planificar sin trabas su crecimiento, conseguir y acondicionar un hogar adecuado y proporcionar a sus componentes (en especial a los hijos) cuantos medios de enseñanza sean precisos para garantizar su formación. Deberá prescindirse de las habituales subvenciones y demás prestaciones a fondo perdido para centrarse, siempre que ello sea posible, en créditos fácilmente retornables, con intereses reducidos; especialmente en el caso de los estudios universitarios.

La acción del Gobierno deberá encaminarse a que todos los ciudadanos puedan disponer de medios suficientes que garanticen una cobertura adecuada de sus básicas necesidades personales y familiares, pero evitando que caigan en el error de creer que “papá Estado” les proporcionará siempre “gratuitamente” cuanto necesiten. Debe recordárseles que el dinero público proviene solo de los impuestos que pagan los contribuyentes y, por tanto, todas las Administraciones deberán velar por su racional y eficaz utilización. Solo sabrán valorar las cosas de que disfrutan cuando sean conscientes de lo que cuestan. El crédito equivale a darles la caña para pescar mientras que la subvención es tanto como entregarles los peces sin que medie esfuerzo alguno por su parte. Con los regalos sin contrapartidas los convierten en acomodaticios “hijos de papá” que se tumban a la bartola esperando que el maná llueva del cielo.

De educación, enseñanza y formación:

– Aprobar una Ley Orgánica de Enseñanza General Básica y Formación Profesional en la que se regulen con carácter prioritario los siguientes aspectos:

. Formación del profesorado dirigida a conseguir que su actividad docente se centre menos en impartir clases magistrales y fomentar la memorización de los textos de las diferentes materias, procurando más bien realizar un eficaz seguimiento individualizado de los alumnos a su cargo, orientarles hacia el aprendizaje personal bajo su tutela y hacerles plenamente responsables de progresar en su búsqueda del conocimiento.

Está encaminada a eliminar los tradicionales y arcaicos sistemas sustentados en que los profesores se limitan solo a recitar sus enseñanzas y los alumnos a utilizar la memoria, como si esas fuesen las exclusivas armas de aprendizaje.

. Crear una Inspección de Enseñanza (que estará integrada en la Inspección General del Estado como una Sección de la misma, siendo uno de sus fines primordiales el vigilar que el profesorado no utilice la actividad docente para adoctrinar a los alumnos sino para abrirles las puertas de las diferentes doctrinas científicas, sociales, jurídicas, políticas y religiosas cuyo conocimiento y comprensión les permita escoger por si mismos las opciones que prefieran.

La lacra de la utilización doctrinal de los centros docentes se ha convertido en una práctica nefasta que es necesario erradicar. Los males que ese cáncer ha reportado a nuestra sociedad son evidentes al constatar que un elevado número de jóvenes se comportan como rebaños pastoreados fácilmente por los demagogos de turno en vez de hacerlo como personas libres dotadas de principios y valores sólidos.

. Fomentar en los alumnos la responsabilidad, el afán de conocimiento, el esfuerzo, el espíritu de superación, y la solidaridad, haciéndoles ver que en la vida todo lo que vale y merece la pena tiene un precio que debe pagarse sin amargura cuando se pretende alcanzar metas nobles que, además de satisfacer su amor propio, les permitan ser útiles a la sociedad.

Si los alumnos se convencen de que deben actuar conforme dictan los principios antes indicados se pondrá fin al tan pernicioso fracaso escolar que se trasluce de los últimos datos estadísticos y de los informes elaborados por organismos internacionales, como es el caso del llamado Informe PISA de la OCDE.

. Establecer los programas comunes a impartir en todos los centros docentes de España para las asignaturas troncales entre las que, distribuidas según un Plan de Enseñanza coherente, deberán contarse como mínimo las siguientes: Geografía, Historia Universal y de España, Historia Universal y Española del Arte y de la Cultura, Gramática, Lengua Española, Literatura Mundial, Lengua Inglesa, Filosofía, Economía, Formación Básica Jurídica y Constitucional, Ética y Moral, Comportamiento Social y Urbanidad, Ciencias Naturales, Matemáticas, Informática, Física, Química y, como no, Historia, Doctrina y Práctica de las Religiones.

Se trata de ofrecer a los alumnos en régimen de igualdad, sea cual sea su lugar de residencia, una enseñanza lo más amplia y completa posible de los conocimientos básicos de esa amplia y variada colección de disciplinas, que son imprescindibles si el objetivo es conseguir su formación plena; tanto para estar en óptimas condiciones de hacer frente, en su caso, a los estudios universitarios que decidan emprender más tarde, como para su posterior integración en la sociedad en posesión de un aconsejable bagaje cultural.

. Aprobar la edición de textos únicos para los libros de cada una de las citadas materias, que se adapten de forma estricta a los programas oficiales.

Hay que evitar a toda costa que se introduzcan en los libros de texto cuestiones que, además de impedir una homologación de los conocimientos adquiridos por los alumnos, introduzca el veneno de la mentira, junto a la adulteración de la realidad histórica y científica, que inciten al odio entre las personas residentes en distintas regiones de España y les dejen indefensos ante los demagogos que han fomentado la aplicación de una política de enseñanza favorecedora de la manipulación interesada para adoctrinar a los jóvenes con el fin de, aprovechando su premeditada desinformación, hacerles perder los valores que garantizan la unidad de España y su persistencia como nación de ciudadanos libres e iguales.

. Garantizar la libertad de elección de centro por las familias además de la enseñanza gratuita hasta acceder a la formación profesional superior o, en su caso, a los estudios universitarios.

Esta medida profundiza en los valores de la libertad que deben primar en toda sociedad democrática y permitirá a los padres ofrecer a sus hijos la asistencia al centro de enseñanza que estimen más adecuado, lo que facilitará que el profesorado pueda, además, colaborar con mayor eficacia en la misión de completar la educación recibida primordialmente en el seno de la familia.

. Eliminación de becas y subvenciones en lo que concierne a las enseñanzas de formación profesional superior y universitaria e implantación de un sistema de créditos retornables, con intereses reducidos, cuya amortización tendrá lugar a partir de la fecha en que los alumnos beneficiarios comiencen a desempeñar puestos de trabajo remunerados. Podrán exonerarse a éstos del pago de los intereses o incluso de la devolución de las cantidades prestadas según la brillantez de sus expedientes académicos.

Además de conseguir un ahorro considerable para el Tesoro Público, es decir para los bolsillos de los contribuyentes, permitirá que todos los alumnos tomen conciencia del esfuerzo preciso para conseguir cualquier objetivo en la vida. No debe olvidarse que se valoran más las cosas cuando cuesta llegar a poseerlas.

De fomento de la Cultura:

– Incluir una dotación presupuestaria significativa para conceder ayudas económicas a los creadores de todas las ramas de las Artes (Arquitectura, Escultura, Pintura, Historietas gráficas, Literatura, Teatro, Cinematografía, Música, etc…) para facilitar la realización de sus obras; pero no en forma de subvenciones sino mediante créditos retornables, con interés reducido, a devolver con los ingresos que obtengan de la comercialización de éstas o bien cuando reciban cantidades derivadas de la concesión de premios. Mientras no se amortice el crédito concedido no podrán optar a otro nuevo.

No puede seguir la actual política ruinosa (que solo sirve para mantener parásitos) de conceder ayudas a fondo perdido sin tener en cuenta la calidad de la producción artística o su aceptación social.

– Implementar los locales, así como cuantos medios materiales y humanos sean necesarios para que los creadores puedan formarse de forma adecuada en sus respetivas disciplinas y dar a conocer sus obras con la difusión adecuada. Para acceder a dichas prestaciones deberán aprobarse baremos objetivos a valorar por una comisión de expertos formada por nombres elegidos entre los profesionales que propongan las diversas Academias e Institutos.

Hasta el presente cada artista ha tenido que buscar su propio mecenas cuya ayudas económicas le permitían acceder a los medios que son imprescindibles para su formación y perfeccionamiento.

De defensa de la Nación y del Orden Constitucional:

– Modificación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (LODN) cuyo articulado instituya:

. La aprobación de un régimen retributivo adecuado a las importantes funciones que tienen asignadas y de una carrera profesional que se atenga de forma estricta a los principios de mérito y capacidad y no en exclusiva a criterios políticos o partidarios, como ha sucedido durante los últimos lustros

Su implantación representará un incentivo para todos los funcionarios afectados y el reconocimiento explícito del trabajo realizado en defensa de la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

. Dotación de medios humanos y materiales adecuados a las tareas encomendadas ampliando sustancialmente el número de efectivos para cubrir las necesidades, siempre regulando el acceso a la Carrera Militar de forma eficiente y fijando en los oportunas partidas de los Presupuestos Generales del Estado las cantidades que sean suficientes para conseguir ese objetivo.

Con esa medida podrá ponerse fin a las insuficiencias que hoy se padecen y que representan un serio obstáculo para el cumplimiento de las obligaciones de índole profesional por parte de quienes integran el Ejército Español; que debe ser firme garantía de la unidad de la Patria, del Orden Constitucional y de la Defensa del territorio nacional.

De consolidación de los valores democráticos:

– Modificación sustancial de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que regule los siguientes aspectos:

. En tanto no se reforme la Constitución Española, las listas de candidatos presentados por los partidos en todos los procesos electorales serán abiertas, para que los electores puedan conformar su propia opción.

Se eludirá así la actual dictadura de las cúpulas dirigentes de los partidos que utilizan las listas cerradas para coartar la libertad de los candidatos y someterles a la nefasta y antidemocrática “obediencia de voto”.

. Modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP) para obligar a que los candidatos que se presenten en los diferentes comicios sean elegidos por todos los afiliados en elecciones “primarias” y con plenas garantías democráticas.

Con ello se pondrá fin al poder omnímodo de los dirigentes de los partidos que utilizan la facultad de confeccionar las listas de candidatos para “pastorear” a los afiliados.

– Supresión del requisito, impuesto en determinados casos, de conseguir firmas de avalistas para poder presentar candidaturas en los diferentes comicios.

Cada vez que se inicia un proceso electoral todas las organizaciones políticas y los ciudadanos que opten por presentar candidaturas deben tener un trato idéntico, pues se supone que son los votantes quienes deberán tener plena libertad para decidir las personas que van a elegir como representantes, sin que haya obstáculos de carácter formalista que lo impidan.

– Elección directa por todos los votantes, del Presidente de Gobierno y por los electores de cada distrito del diputado que los represente.

Eso garantizará, de una parte, la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo y, de otra, que cada elegido como diputado dependa de sus representados y no de los dirigentes del partido o grupo a que puedan pertenecer, debiendo responder ante ellos.dcid