DCD Derecho Ciudadano a Decidir
NOTAS DE PRENSA SOBRE DERECHO CIUDADANO A DECIDIR
En fechas 19 de septiembre y 12 de octubre del año en curso la Empresa de Comunicación INGENIA difundió sendas NOTAS DE PRENSA entre varios medios españoles informando sobre las diversas actividades desarrolladas últimamente por los miembros del Consejo Político y la Ejecutiva Nacional Provisionales del Partido DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) y sobre otras que tienen previsto realizar.
Para conocimiento de los afiliados y simpatizantes, así como de todos los que siguen lo expuesto en la Página Web de DCID, se transcriben seguidamente las mismas por si algunos no han tenido acceso a los resúmenes publicados o difundidos.
CONSEJO POLÍTICO PROVISIONAL DE DERECHO CIUDADANO A DECIDIR
DCID – El Partido del Siglo XXI
NOTA DE PRENSA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015
DCID anuncia en su presentación una batería de acciones legales contra el proyecto sedicioso catalán
- Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) presenta cuatro denuncias contra Arturo Mas: dos por prevaricación y malversación al impulsar la candidatura “Juntos por el sí” con fondos públicos, una tercera por falsedad documental, al manipular la Historia de España a través del sistema educativo y medios de comunicación y una cuarta por desobediencia e inducción a la rebelión y a la sedición
- La nueva formación nacional presentada en Valencia, de ‘derecha liberal con vocación social’, defiende suprimir entidades locales innecesarias, una cámara única a la que se acceda por voto directo (`’un hombre, un voto’), eliminar la ‘ley D´Hont’, que premia a unas regiones y castiga a otras, derogar supuestos derechos históricos y fueros anacrónicos y lograr la independencia real de los tres poderes con elección por los ciudadanos de jueces y fiscales de distrito
- Los actuales promotores del partido se comprometen a no presentarse como candidatos para ocupar cargos en los órganos ejecutivos del Partido ni en las instituciones políticas cuando se celebren comicios
Valencia, 19 de septiembre de 2015.- Derecho Ciudadano a Decidir (DCID), definido como de ‘derecha liberal con vocación social’ y proyección nacional, se presentó el pasado jueves ante simpatizantes y sus primeros militantes en el Salón de Actos del Grupo de Acción Valencianista (GAV). Su Presidente Nacional, el valenciano José Roberto Roca Torregrosa, aprovechó la ocasión para comunicar la reciente presentación ante la Fiscalía General del Estado de un conjunto de denuncias pidiendo la apertura de acciones legales contra el sedicioso proceso independentista catalán, «denuncias -dijo- que promueven la defensa de la legalidad y los valores democráticos en concordancia con los principios de DCID». Junto a ello, avanzó las líneas programáticas y planteamientos de este partido político, que nace con la firme intención de presentarse como alternativa en las elecciones generales.
Derecho Ciudadano a Decidir (DCID), comenzó su discurso Roca, «es un partido que nace y vive en el siglo XXI, y que, aún considerándose de derecha liberal, repudia por viejo y falsario aquel liberalismo económico nacido en el XIX, que con su promoción indeseable del capitalismo salvaje destruyó naciones y familias». Marcado por una visión plural de España, con respeto absoluto a sus diferentes culturas, lenguas propias y tradiciones, aspira a recuperar «la salud de nuestra Nación, pero desde las regiones, todas iguales, sin ‘singularidades históricas’, simplemente, porque todas ellas son singulares, sin injerencias indecentes de unas en otras», explicó el Presidente de la Ejecutiva Nacional.
De forma coherente con esta visión, DCID ha presentado hasta cuatro denuncias poniendo en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos delictivos derivados del sedicioso proceso independentista catalán. Dos de ellas acusan al presidente de la Generalidad catalana, Arturo Mas, de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos: en primer lugar, por usar fondos públicos para financiar la publicidad y promoción de la candidatura ‘Junts pel sí’ a través de la acción de medios de titularidad pública, como TV3, y en segundo, por recurrir en tales actos políticos a edificios públicos «usando medios materiales y humanos» procedentes también de los presupuestos de esta administración autonómica. La tercera acción constituye toda una novedad jurídica en tanto que, con toda probabilidad, se trata de la primera denuncia que, más allá de incorporar también los dos citados ilícitos penales, incluye un tercero: el de falsedad documental. Concretamente, la denuncia proporciona pruebas de cómo la Generalitat catalana «está falseando la realidad histórica (de España) y utilizando medios materiales y humanos (financiados con fondos públicos) para editar e imponer textos docentes promovidos institucionalmente, así como organizar o amparar actos en los que se propaga esa falsa versión de la Historia». Y como reflejo del ‘dolo falsario’ que la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional exige para que concurra tal delito, se argumenta la evidencia de que con tal manipulación se «persigue engañar a los ciudadanos más ingenuos para que voten a los candidatos que defienden como verdadero lo que es rigurosamente falso (…) para así poder ocupar el poder y manejar las dotaciones presupuestarias en su propio beneficio». La cuarta aprecia delitos de incumplimiento y abandono de las obligaciones derivadas del cargo ostentado, incumplimiento y desobediencia de las resoluciones judiciales, usurpación de atribuciones en fraude de Ley, inducción directa al incumplimiento del ordenamiento jurídico y a la comisión de delitos, inducción a la rebelión y a la sedición.
Redimensión y reorganización del Estado
Volviendo al acto de presentación, Roca aclaró los principios en los que se sustentará el programa electoral basado en tres pilares: «Decencia, Honradez y Justicia». Así, el máximo responsable de esta nueva formación, abogó por una Administración «independiente y no partidista», por una organización del Estado en la que «ninguna región se considere más que otra» -lo que implicaría la eliminación de los llamados ‘derechos históricos’ y la disolución de los fueros- así como por un «redimensionamiento» de sus estructuras políticas y administrativas que comportaría la eliminación de las entidades locales innecesarias. Y como columna vertebral de ese nuevo sentido de compromiso civil con la Democracia que viene implícito en la propia denominación del partido (Derecho Ciudadano a Decidir), Roca planteó la necesidad de «redefinir y regular el Poder Legislativo, que estimamos debería ser una única cámara, formada por la participación ponderada de todas las regiones. El votante debe conocer al diputado de su distrito y tener acceso a su gabinete personal; para ello, las listas deben ser unipersonales y los candidatos deberán hacer campaña en su circunscripción». Mientras ese nuevo sistema, que exigiría una reforma de la Constitución Española, no pueda ponerse en práctica, las listas deberían ser abiertas».
Y en este mismo compromiso de renovación democrática, planteó la necesidad de una «verdadera independencia» entre los tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- para así «devolver la soberanía al pueblo». Tal concepto pasaría, no sólo por el establecimiento de listas abiertas en el seno de los partidos, sino también porque se instituyan las figuras de jueces y fiscales de distrito que directamente elegidos por los ciudadanos.
Antes de la intervención del Presidente Nacional de DCID tomó la palabra su Secretario Nacional, Ignacio Vargas Pineda, quien expuso las líneas generales del Ideario Programático, los Estatutos y el Código Ético de esta formación, así como de los principios políticos recopilados en su Manifiesto. También informó a los asistentes que los Afiliados Fundadores que conformaron la Comisión Promotora y hoy forman parte del Consejo Político tienen el compromiso formal, una vez pasado el período transitorio y celebrada la Convención Nacional Constitutiva y Constituyente, de no presentarse como candidatos para ocupar cargos internos en el partido y tampoco en los comicios que se convoquen para cubrir puestos en los órganos políticos institucionales. Solo se mantendrán, por tanto, en el Consejo Político para «velar por el estricto cumplimiento de los principios de DCID», aclaró Vargas.
Más información: Javier Guillen – Tel.- 633075769 – Email: jguillen@ingeniacomunica.org
Ver http://derechociudadanoadecidir.es/
NOTA DE PRENSA DE 12 DE OCTUBRE DE 2015
DCID amplía su campaña en defensa de la legalidad y denuncia a Esteve, Ribó y Puig por alterar los símbolos de identidad valencianos
- El alcalde de Puzol modificó la letra del himno regional, el de Valencia retiró la bandera de España y alteró la Senyera y el jefe del Consejo ha sido denunciado por no velar por el cumplimiento de la legalidad
- Derecho Ciudadano a Decidir (DCID) ya presentó denuncias contra Mas: dos por prevaricación y malversación al impulsar “Juntos por el sí” con fondos públicos, por falsedad documental al manipular la Historia de España en las escuelas y medios y una cuarta por desobediencia e inducción a la rebelión y sedición
- Los dirigentes de DCID inician una ronda de contactos para buscar alianzas o coaliciones con otras formaciones de derecha liberal
Valencia, 12 de octubre de 2015.- Derecho Ciudadano a Decidir (DCID), constituido recientemente y definido como de ‘derecha liberal con vocación social’ y proyección nacional, ha ampliado su campaña en defensa de la legalidad española y esta vez ha decidido actuar en defensa de los símbolos estatutarios valencianos. Así, los servicios jurídicos de esta formación han presentado una nueva denuncia por prevaricación contra el Alcalde de Puzol, Enrique Esteve, el primer munícipe de Valencia, Juan Ribó y contra el propio Presidente de la Generalitat, Joaquín Francisco Puig. A estas acciones cabría sumar la petición a la Fiscalía General del Estado para que incoe diligencias contra Arturo Mas por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos cometidos en el transcurso del sedicioso proceso independentista catalán. El partido encabezado por el valenciano José Roberto Roca Torregrosa se encuentra ahora inmerso en una ronda de conversaciones para buscar alianzas o coaliciones con otras formaciones de ideario análogo con las que presentar una candidatura para las próximas elecciones generales del 20 de diciembre.
La denuncia cursada contra Enrique Esteve se refiere a los hechos acontecidos con motivo de las fiestas patronales de Puzol, cuando el Alcalde de este Municipio ordenó que se alterara partes sustanciales de la letra del Himno Regional compuesto en 1909 por Maximiliano Thous para suprimir cualquier referencia a España. En concreto, Esteve impuso al tenor que interpretó el himno recogido en su literalidad en la Ley de Símbolos de 1984 cambiar la estrofa original ‘Per a ofrenar noves glòries a Espanya’ (Para ofrecer nuevas glorias a España) y la referencia del último tramo ‘Glòria a la Pàtria’ (Gloria a la Patria) por ‘Tots baix els plecs de la nostra Senyera’ (‘Todos bajo los pliegos de nuestra Señera’) y por ‘Glòria a la nostra terra’ (Gloria a nuestra tierra), respectivamente.
En segunda instancia, también alude a lo sucedido en la ciudad de Valencia durante la celebración de los actos oficiales de la Feria de Julio. Así, en el transcurso de la ‘Batalla de las Flores’, el Alcalde de la capital del Turia ordenó retirar la bandera de España y dispuso la supuestamente valenciana con una bandera que minimizaba la franja azul distintiva de la Senyera para así forzar la confusión con la catalana.
De todo ello, DCID considera máximo responsable a quien debiera velar por el cumplimiento de la legalidad definida en el propio Estatuto Valenciano así como la Ley de Símbolos de 1984 que no es otro que el Presidente de la Generalidad, Joaquín Francisco Puig, a quien se le acusa también de consentir, en actos y documentos oficiales, el no uso de la lengua propia de la Comunidad, el valenciano, según se recoge también en la citada Ley Orgánica.
Para Roca «el tripartito conformado en la Comunidad por el PSPV, Compromís y Podemos, en la sombra, está aplicando una doble vara de medir: defiende la laicidad del Estado y no tiene inconveniente en violentar tradiciones como la presencia de la Senyera en el Te Deum pero politiza las fiestas populares y actos oficiales violando incluso la Ley con tal de introducir su mensaje catalanista y su fobia a España».
Conviene recordar que, de forma coherente con esta visión, DCID ya presentó hasta cuatro denuncias por los supuestos hechos delictivos derivados del proceso independentista catalán. Dos de ellas acusan al Presidente de la Generalidad de Cataluña, Arturo Mas, de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La tercera acción constituye toda una novedad jurídica en tanto que, con toda probabilidad, se trata de la primera denuncia que, más allá de incorporar también los dos citados ilícitos penales, incluye un tercero: el de falsedad documental. Concretamente, la denuncia proporciona pruebas de cómo la Generalidat Catalana «está falseando la realidad histórica (de España) y usando medios materiales y humanos (financiados con fondos públicos) para editar e imponer textos docentes promovidos institucionalmente, así como organizar o amparar actos en los que se propaga esa falsa versión de la Historia». Y como reflejo del ‘dolo falsario’ que la jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional exige para que concurra tal delito, se argumenta la evidencia de que con tal manipulación se «persigue engañar a los ciudadanos más ingenuos para que voten a los candidatos que defienden como verdadero lo que es rigurosamente falso (…) para así poder ocupar el poder y manejar las dotaciones presupuestarias en su propio beneficio». La cuarta aprecia, entre otros delitos, inducción directa al incumplimiento del Ordenamiento Jurídico, a la comisión de delitos, a la rebelión y a la sedición.
Más recientemente, DCID reclamó a la Junta Electoral Central (JEC) la anulación de la propia candidatura ‘Juntos por el Si’ para las elecciones autonómicas del 27-S por protagonizar un proceso de sedición contrario a la indisolubilidad de la Nación Española, recogido en el artículo 2 de la Constitución.
Nuevos actos y negociaciones
Tras su presentación en Valencia el pasado 17 de septiembre, el próximo día 19 de octubre, el Presidente Nacional de DCID, José Roberto Roca Torregrosa y el vocal primero de su Ejecutiva Nacional, Pilar Jiménez Cifuentes, pronunciarán una conferencia sobre ‘comunicación política’ ante alumnos del último curso de Grado en Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. De forma paralela y sobre la base programática de un necesario adelgazamiento de las estructuras del Estado y de «una alianza de ciudadanos honrados de la derecha liberal con vocación social» -aclara Roca- está previsto que se inicie una ronda de contactos para reforzar las opciones de esta formación política.
Más información: Rafael Quilis – Tel.- 661 20 86 96 – Email: rafaquilis@ingeniacomunica.org
Ver http://derechociudadanoadecidir.es/
