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PROPUESTA PARA LA FUSIÓN DE PARTIDOS DE DERECHAS QUE PRESENTA DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID)

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PROPUESTA PARA LA FUSIÓNDE PARTIDOS DE DERECHAS QUE PRESENTA DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID)

ANTECEDENTES

Los recientes intentos promovidos por algunas personas para coordinar a varios partidos que están ubicados en el ámbito ideológico de la derecha con el fin de concurrir coaligados en las últimas Elecciones Generales han sido un innegable fracaso por varias razones entre las que cabe destacar:

a) Las discrepancias difíciles de superar en algunos de los principios inspiradores de sus respectivos Idearios.

b) La ausencia de compromisos adquiridos formalmente que se encuentren avalados por la firma de los promotores en un documento cuyo texto se haya negociado con carácter previo al inicio del proceso.

c) La improvisación y la no existencia de un riguroso y claro programa de actuaciones.

d) La precipitación que impide negociar racionalmente los criterios comunes irrenunciables en cuestiones ideológicas, organizativas y programáticas.

La anterior relación no es exhaustiva pues cabe ampliarla con otros posibles aspectos que no hemos añadido porque, en nuestra opinión, son de menor entidad.

Es el momento de hacer balance, reconocer con humildad los errores cometidos e iniciar los contactos encaminados a conseguir la verdadera unidad, lo que obliga necesariamente a que todos los partidos interesados en conseguirla se integren en uno solo de nueva creación. Para ello proponemos los siguientes:

PASOS PREVIOS A SEGUIR

1º) Elaborar un listado completo de partidos que se presentaron en las últimas Elecciones Municipales y Autonómicas, hayan obtenido o no escaños en los diversos Parlamentos Autonómicos y concejalías en las Corporaciones Locales.

2º) Seleccionar de la lista aquéllos partidos que pueden ubicarse en el espectro de la derecha, de acuerdo con sus Idearios, excluyendo, en principio, los que ocupen escaños de diputados y senadores en el actual Parlamento Nacional.

3º) Conseguir los nombres de las personas que forman parte de sus órganos ejecutivos así como los teléfonos y las direcciones de correo postal y electrónico de dichos partidos.

4º) Enviar una propuesta de fusión a las direcciones de correo electrónico de los partidos seleccionados.

Dicha propuesta deberá concretarse en lo siguiente:

PRIMERO: Formar una Comisión en la que participen dos miembros del órgano ejecutivo de cada partido interesado en la posible fusión. Uno de ellos deberá ser su representante legal según los respectivos Estatutos.

SEGUNDO: Una vez formada y aceptada la indicada Comisión sus componentes deberán intercambiar, utilizando el correo electrónico, sugerencias dirigidas a concretar:

a) El Ideario que recoja condensados los puntos comunes de los Idearios de los partidos promotores.

b) Los Estatutos del nuevo partido en el que se integrarán todos los que decidan finalmente la fusión.

c) El Código Ético que regule el comportamiento político de quienes se afilien al mismo.

d) La denominación, siglas o acrónimo y logotipo del partido resultante de la fusión.

e) El calendario de las actuaciones previstas para aprobar los textos definitivos de los anteriores documentos y los procedimientos a seguir para su ratificación.

TERCERO: Cuando hayan sido aprobados por dicha Comisión y ratificados por todos los partidos el Ideario, los Estatutos y el Código Ético del Partido que los unifique, junto a los elementos que lo definan y el calendario de actuaciones, la Comisión se constituirá en Promotora y convocará una reunión presencial para:

Negociar que el nivel de participación de cada partido sea igualitario y no dependa del número de afiliados cotizantes, acreditado por los respectivos Libros de Afiliación, la distribución territorial de éstos y los balances económicos, según el saldo de sus cuentas corrientes y sus patrimonios.

– Firmar el compromiso que recoja de forma clara y concisa los derechos y obligaciones de cada uno de los partidos que negocien la fusión y, en consecuencia, garantice que el grado de participación en los órganos de gobierno y de control del nuevo Partido sea función de la posibilidad de presentar diversas candidaturas no endogámicas en las que se integren afiliados de varios de los fusionados.

En la misma reunión o en otra posterior se podrá:

– Aprobar formalmente los mencionados documentos.

– Elegir los órganos directivos y de control provisionales del Partido mediante la presentación de candidaturas mixtas y votación a doble vuelta.

– Redactar y firmar el Acta Fundacional.

 CUARTO: De inmediato deberá elevarse el Acta Fundacional a escritura pública para presentarla ante el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior solicitando la inscripción.

QUINTO: Una vez se haya inscrito definitivamente el Partido se realizarán los trámites necesarios para obtener el NIF que permita la apertura de las cuentas corrientes en la entidad bancaria que se haya acordado.

DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) considera como requisito imprescindible para integrarse en el nuevo Partido que en el texto de los documentos a aprobar se recojan los aspectos que se exponen a continuación:

IDEARIO: Como principios irrenunciables debe propugnar, con carácter primordial y prioritario, la defensa de los derechos:

– A LA VIDA DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE SOBREVENIDA POR CAUSAS NATURALES O ACCIDENTALES.

– A NO SUFRIR AGRESIONES Y MALTRATOS FÍSICOS O PSÍQUICOS.

– A LA LIBERTAD.

– A QUE SE RESPETEN EL HONOR, LA INTIMIDAD Y LA PROPIA IMAGEN.

– A LA PROTECCIÓN EFICAZ DE LA SALUD.

– A RECIBIR UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD DIRIGIDA A LA EXCELENCIA.

– A UN TRABAJO ADECUADO CON UNA RETRIBUCIÓN SUFICIENTE PARA VIVIR CON DIGNIDAD.

– A LA PROPIEDAD PRIVADA.

– A UNA VIVIENDA PERFECTAMENTE ADECUADA A LA SITUACIÓN FAMILIAR.

– UNA PROTECCIÓN EFICAZ QUE GARANTICE LA SEGURIDAD.

– A RECIBIR UNA INFORMACIÓN VERAZ.

– A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN.

– A LA LIBERTAD POLÍTICA.

– A ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS REPRESENTANTES Y A PODER REVOCAR LA ELECCIÓN.

– A LA LIBERTAD DE CREDO Y DE CULTO.

– A LA IGUALDAD DE TRATO.

– A UNA JUSTICIA EQUITATIVA Y EFICAZ.

– A DISFRUTAR DE SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS.

– A GOZAR DE UNA VEJEZ DIGNA.

– A NO SOPORTAR IMPUESTOS CONFISCATORIOS.

– A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.

– A QUE SE GARANTICE LA UNIDAD DE ESPAÑA.

– A QUE SEAN HONRADOS LOS SÍMBOLOS DE LA PATRIA Y NO SE PERMITAN OFENSAS A LOS MISMOS.

– A QUE SE MANTENGAN Y RESPETEN TODAS LAS TRADICIONES Y LA CULTURA AUTÓCTONA DE LAS REGIONES.

– A UNAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EFICACES.

– A QUE SE IMPIDA LA CORRUPCIÓN O, EN SU CASO, QUE SE CASTIGUE ADECUADAMENTE A LOS QUE SE CORROMPAN.

– A QUE SE RESPETEN SUS DERECHOS CIUDADANOS,

ESTATUTOS: Su articulado debe garantizar:

1º) La máxima participación democrática de los afiliados en la toma de decisiones, evitando que el ejercicio de ese derecho comporte un incremento del coste de los procesos electorales, tanto para el Partido como para los afiliados, y siempre eludiendo aquellos mecanismos existentes para la emisión de los votos que no garanticen la fiabilidad de los resultados.

2º) Una regulación clara de los derechos, competencias, obligaciones e incompatibilidades de quienes ocuparán cargos dentro del Partido o en las Instituciones, a propuesta del mismo, de tal forma que se traduzcan para ellos en una mayor exigencia de las antes citadas obligaciones y en una asunción real de responsabilidades. Con esas precauciones se prevendrá el asentamiento de focos de poder excesivo y arbitrario que puedan convertirse en el germen de futuros comportamientos corruptos.

3º) La independencia total entre los Órganos de Gobierno y los de Control que garantice en el seno del Partido la separación de los tres poderes clásicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Para ello, quienes ocupen los cargos deberán ser elegidos directamente por los afiliados en el órgano supremo del Partido, que es el depositario de la soberanía del conjunto de los afiliados.

En la elección de los miembros de los Órganos de Gobierno y de Control se utilizará un procedimiento de votación a dos vueltas, que permita reflejar la voluntad de los afiliados con total seguridad, mediante un sistema de compromisarios que, como esa denominación indica, sean meros transmisores de los resultados obtenidos en las reuniones decisorias que previamente celebren los órganos colectivos de menor ámbito, previas a la reunión del máximo órgano colectivo en la que deba realizarse el escrutinio global. Los citados compromisarios serán también simples portadores de las Actas que recojan el resultado de las votaciones relativas a los demás asuntos sometidos a la decisión de los afiliados, sin perjuicio de que en calidad de tales tengan derecho a expresar libremente sus propios criterios y así como a realizar las propuestas que consideren oportunas.

4º) Un régimen económico transparente, que facilite el adecuado destino del patrimonio disponible, siempre bajo la supervisión de los órganos a los que se encomiende el control económico, que deberán ser independientes entre sí y también del resto de los órganos. Sus miembros y los cargos directivos deberán ser elegidos directamente por los afiliados en las reuniones del órgano colectivo máximo del Partido.

5º) La aplicación de una detallada carta de derechos y obligaciones que posibilite, sin restricciones, la defensa de los afiliados cuando hayan infringido, presuntamente, el Ordenamiento Jurídico General, los Estatutos o el resto de la normativa reguladora del funcionamiento interno del Partido (Disposiciones y Acuerdos de los órganos de gobierno y de control). Los correctivos a imponer a quienes ocupen cargos en el Partido o en las Instituciones, representando al Partido, deberán ser más severos que los establecidos para los afiliados de base.

6º) La implantación de un régimen de recursos internos que regule los procedimientos a seguir para el supuesto de que los afiliados estimen contrarios a Derecho y lesivos a sus intereses subjetivos o a los generales del Partido los actos y acuerdos de los Órganos de Gobierno y de Control

7º) La constitución de un Órgano de Control, que podría denominarse Consejo Político, cuya principal función sería velar permanentemente por el estricto cumplimiento del Ideario, los Estatutos y el Código Ético. Con el fin de garantizar que su actuación no persiga la promoción política personal de sus miembros, éstos no podrán ocupar cargos de otros Órganos de Gobierno o de Control del Partido, ni optar a puestos de representación electivos o de libre designación en las instituciones políticas, mientras se mantengan en aquél, debiendo establecerse un tiempo prudencial como simples afiliados de base antes de poder presentarse como candidatos en las elecciones internas o externas.

CÓDIGO ÉTICO: Entre los necesarios compromisos de carácter deontológico que su texto debe recoger estarán los siguientes:

a) No utilizar procedimientos torticeros con el fin de alcanzar puestos en la estructura del Partido ni para ser nombrado candidato en los procesos electorales convocados para ocupar cargos institucionales.

b) No aprovechar en beneficio propio, ni en el de los allegados, los cargos que se ostenten en el Partido o en las Instituciones.

c) No emitir mensajes distintos según el auditorio al que vayan dirigidos con el objetivo de conseguir votos.

d) Cumplir siempre los programas electorales y, cuando por motivos insalvables no sea posible, explicar las razones de forma convincente sin ocultar nada a los ciudadanos.

e) No mentir nunca para alcanzar el voto.

f) No proponer, en ningún caso, actuaciones políticas que sea imposible llevar a la práctica, sea en las campañas electorales o en cualquier otra circunstancia.

g) Tener presente que el dinero público es de todos los contribuyentes y no propiedad de quienes están elegidos para administrarlo adecuadamente con honradez.

h) Asumir sin reservas que el fin no justifica los medios, ni en el ámbito personal ni en la acción política.

i) Actuar con espíritu de servicio a los conciudadanos y no para servirse de ellos.

j) Respetar escrupulosamente los derechos humanos y los derechos políticos de todas las personas, entre los cuales son prioritarios los derechos a la vida y a la libertad.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS: Entre las varias que deberán presentarse ante los ciudadanos reviste carácter de urgencia el compromiso formal de promover, siempre que los resultados electorales alcanzados así lo permitan, la elaboración y promulgación de textos legales dirigidos a la defensa de los siguientes derechos:

– A la VIDA, desde la concepción hasta la muerte natural o accidental, pero sin dogmatismos intransigentes.

– A no sufrir nunca MALTRATO FÍSICO O PSÍQUICO, con especial atención a las más débiles, como son los menores de edad y las personas de edad avanzada.

– A la LIBERTAD, que es uno de los más importantes patrimonios del individuo después de la vida.

– A la DIGNIDAD, al HONOR y a la PROPIA IMAGEN, sin que se admita excepción alguna que atente contra su disfrute.

– A la SANIDAD PÚBLICA, cuya gestión se encomiende a equipos profesionales que estén bien dotados de los medios necesarios y en la que no se privilegie a los foráneos sobre los oriundos.

– A recibir una ENSEÑANZA NO ADOCTRINADORA por parte de maestros y profesores universitarios bien formados, totalmente gratuita hasta cumplir los 18 años y a disponer, después de esa etapa, de ayudas en forma de créditos retornables que faciliten el acceso a los Centros de Formación Profesional de nivel Superior y a la Universidad cuando, por la situación económica, se solicite.

A desempeñar un TRABAJO que sea compatible con la respectiva preparación y capacidad y a recibir una RETRIBUCIÓN adecuada, que sea suficiente para vivir dignamente y mantener a la familia.

– A disponer de una VIVIENDA de superficie razonable, que reúna las mínimas condiciones de confortabilidad, para habitarla junto a los allegados, y a que no pueda privarse arbitrariamente de su disfrute pretextando causas que no sean imputables a comportamientos delictivos.

– A la PROPIEDAD PRIVADA, cuando ha sido adquirida con medios lícitos, sin que se quepa despojar de ella salvo por motivos de interés público y siempre que se compense con el adecuado justiprecio.

– A disfrutar de un ORDEN PÚBLICO equilibrado y eficaz destinado a proteger y servir a todos los ciudadanos, y en el que quienes pertenecen a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adecuada e igualitariamente retribuidos, puedan desempeñar con plena eficiencia su necesaria actividad, sin más limitaciones que las impuestas legalmente.

– A que se atienda debidamente a las, siempre olvidadas por los poderes del Estado, VÍCTIMAS de toda clase de hechos punibles, en especial las de los actos terroristas, y a que se impongan con firmeza a todos los delincuentes penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos sin posibilidad de reducción de condenas, salvo que se compruebe, de forma fehaciente, el arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas, el deseo de reparación de los daños causados y la estrecha colaboración con los Jueces y Magistrados para esclarecer los supuestos aún sin resolver.

– A que se dote sin cicatería a las FUERZAS ARMADAS del equipamiento adecuado para el desarrollo de sus importantes cometidos en todo lo que concierne a mantener la integridad del territorio español y a colaborar con los gobiernos de los demás países y de las organizaciones europeas y mundiales en cuantas misiones de DEFENSA y humanitarias sean precisas; regulando de manera objetiva, para conseguirlo, la carrera militar y revisando las retribuciones de sus miembros.

– A recibir INFORMACIÓN VERAZ por todos los cauces, denunciando aquellas acciones manipuladoras que la tergiversen.

– A las imprescindibles e irrenunciables LIBERTADES DE PENSAMIENTO, OPINIÓN E INFORMACIÓN, sin otros impedimentos para su ejercicio que los que se deriven del pleno respeto a la dignidad de las demás personas.

– A la LIBERTAD DE ACCIÓN POLÍTICA, sin establecer más limitaciones que las que puedan ser necesarias para evitar comportamientos delictivos.

– A la ELECCIÓN DIRECTA de los cargos institucionales de representación política o directivos de organismos reguladores y de control, con posibilidad real de su REVOCACIÓN.

– A la LIBERTAD RELIGIOSA y de culto, con absoluto respeto y total atención a las confesiones cristianas y, en especial, a la CATÓLICA por ser mayoritaria dentro de la sociedad española.

– A la IGUALDAD, sin que puedan establecerse, como ahora ocurre. discriminaciones positivas o negativas en razón del sexo u opción sexual o de cualquier otra circunstancia personal o social, salvo las derivadas de la capacidad y el mérito para el ejercicio de las funciones públicas o privadas.

– A que se adopten medidas legales para SUPRIMIR LOS PRIVILEGIOS que hasta el presente vienen disfrutando quienes ocupan cargos en las instituciones del Estado en forma de sobresueldos, gratificaciones, pensiones, indemnizaciones, dietas y supuestas compensaciones de cuantía excesiva cuando se comparan con las establecidas para el resto de los ciudadanos.

– A la desaparición de las figuras del AFORAMIENTO e INVIOLABILIDAD, por ser contrarias al principio de igualdad ante la Ley que proclama y ampara la Constitución Española.

– A un ORDENAMIENTO JURÍDICO que sea JUSTO, eliminando la excesiva cantidad de normas reiterativas o contradictorias que dificultan las gestiones a realizar cada día en las actividades personales, laborales y empresariales.

– A una JUSTICIA equitativa, rápida y eficaz, sin que ello pueda comportar una excesiva carga económica que la convierta en inaccesible si los recursos económicos personales son escasos.

– A que todos los SERVICIOS PÚBLICOS sean eficaces y suficientes para cubrir las necesidades cotidianas, sin malgastar el dinero de todos los contribuyentes en obras y actividades que sean innecesarias.

– A que al llegar a la edad del retiro laboral, tras haber contribuido con su propio trabajo al bienestar y la prosperidad de todos, se disfrute de una PENSIÓN en cuantía suficiente para vivir con dignidad.

– A participar en un sistema fiscal que impida, de un lado, la DOBLE IMPOSICIÓN y, de otro, la injusta aplicación de IMPUESTOS CONFISCATORIOS.

– A formar una FAMILIA TRADICIONAL a la que se reconozca de forma exclusiva, salvo para aquellos supuestos que aconsejen otro tratamiento, la facultad de EDUCAR a las futuras generaciones y sea posible recuperar las virtudes que tradicionalmente han estado arraigadas en la conciencia colectiva de los españoles.

– A la UNIDAD DE ESPAÑA, sustentada en su Historia y en el sentimiento mayoritario de los ciudadanos, según reconoce la vigente Constitución.

– A que se respeten los SÍMBOLOS DE LA PATRIA, sin perjuicio de aquellos que representan a sus diversas REGIONES, todas ellas históricas.

– A utilizar el IDIOMA ESPAÑOL, sin detrimento del empleo de las LENGUAS AUTÓCTONAS de algunos de sus territorios, pero impidiendo con enérgica decisión que individuos o grupos viles e indeseables colonicen lingüísticamente a quienes residen en ellos a fuerza del dinero robado a todos los contribuyentes.

– A la CULTURA propia y característica de las diferentes Regiones españolas que, en su conjunto, conforman el patrimonio cultural de España.

– A que se mantengan y apoyen todas las TRADICIONES Y FIESTAS POPULARES, en sus diversas modalidades regionales, arraigadas en las costumbres y modos de vida españoles.

– A unas eficientes y accesibles ADMINISTRACIONES PÚBLICAS que sean ágiles y dispongan de los medios adecuados, en las que se eliminen trámites a reiterar en los diferentes niveles y sean suprimidos requisitos innecesarios.

– A una distribución de competencias entre las regiones que sea racional, con RECUPERACIÓN por parte del Gobierno Central de las relativas a Cultura, Enseñanza, Justicia, Sanidad y Urbanismo.

– A la inmediata y total SUPRESIÓN DE SUBVENCIONES a Partidos, Sindicatos, Organizaciones Empresariales, Asociaciones y gran número de ONG’s, salvo aquéllas cuyas actividades verificadas comporten un evidente y demostrable ahorro para el Tesoro Público.

– A que cuantos forman parte de los poderes públicos tengan COMPORTAMIENTOS POLÍTICOS DECENTES dirigidos al bienestar de los ciudadanos, a que se exija a quienes ocupan cargos el pleno afán de servicio y a que se impida que usen el desempeño de los mismos en su propio beneficio o en el de sus familiares, amigos y paniaguados.
– A la adopción de medidas efectivas para ERRADICAR LA CORRUPCIÓN de las instituciones públicas y de las entidades privadas.

– A utilizar todos los medios instituidos legalmente para PROTEGERSE con acciones colectivas de los abusos y procedimientos coactivos de algunos administradores públicos y empresarios del sector privado, cumpliendo siempre la Ley de forma estricta, sin alterar el orden social ni cometer actos delictivos.

DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) opina que el nuevo Partido deberá adquirir formalmente el compromiso con la sociedad española, si ésta confía en su programa, de arbitrar las medidas que estén a su alcance para que la defensa de los derechos y proyectos antes relacionados no se conviertan en promesas vacuas que la acción política cotidiana transforme en nueva causa de frustración de los votantes.

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