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SEGUNDA CARTA ABIERTA QUE DIRIGE EL CONSEJO POLÍTICO DE DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) A S. M. EL REY FELIPE VI

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S.M. el Rey, Felipe VI durante el decisivo mensaje emitido por TVE el día 3 de octubre de 2017

 

SEGUNDA CARTA ABIERTA QUE DIRIGE EL CONSEJO POLÍTICO DE DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) A S.M. EL REY FELIPE VI

              El día 24 de agosto de 2019 el Consejo Político de DCID envió por correo administrativo con aviso de recibo una nueva carta abierta a S.M. el Rey Felipe VI, datada el anterior día 23, que por la enorme importancia de su texto se reproduce íntegramente a continuación.

               A ella se adjuntaron fotocopias de la documentación relativa a la carta abierta enviada por el mismo conducto el día 23 de julio de 2015 y al artículo remitido de igual forma el día 29 de enero de 2016.

              Cuando tengamos constancia documental de su recepción por la Casa de S.M. el Rey procederemos a comunicarlo en esta Web.

         Tras la transcripción literal de la nueva carta se incluyen en formato PDF y en igual orden los archivos que contienen los siguientes documentos:

          .  Impreso de admisión en Correos del envío certificado.

          .  Minuta de la carta de remisión.

          .  Minuta de la nueva carta abierta enviada a S.M. el Rey Felipe VI.

          .   Fotocopia de la documentación relativa al envío de la carta de 23 de julio de 2015.

     . Fotocopia de la documentación relativa al envío del artículo “¿Dónde está el Cincinato que necesita España? realizado el día 29 de enero de 2016.

           .  Prueba de entrega del certificado de 24 de agosto de 2019.

       De esa forma pueden descargarse por separado todos los documentos que componen este último envío, para conservarlos y difundirlos a quienes tengan a bien leerlos.

                   Gandía, 31 de agosto de 2019.

                    EL CONSEJO POLÍTICO DE

                    DERECHO CIUDADANO A DECIDIR

          DCID – EL PARTIDO DEL SIGLO XXI

       

A SU MAJESTAD FELIPE VI, REY DE ESPAÑA

Señor:

            El 23 de julio de 2015, hace ya más de cuatro años, muy preocupados por la deriva de los acontecimientos políticos que en aquella fecha alarmaban a todos los españoles de bien, nos dirigimos a Vuestra Majestad fuertemente impelidos por lo que consideramos era nuestro deber ético y cívico.

          Posteriormente, el 29 de enero de 2016, nos atrevimos a remitiros un artículo publicado en la Web de DCID en cuyo texto se apuntaba una posible medida para desbloquear la situación provocada por las arteras maniobras de determinado partido político de ámbito nacional que, de forma falsaria, se declaraba constitucionalista, aun apoyándose escandalosamente en otras fuerzas minoritarias de inequívoco carácter independentista, comunista e incluso terrorista, a las que se unía un variopinto conjunto de organizaciones cuyo fin no era otro que destruir España, terminar con el régimen constitucional de que se dotó el pueblo soberano el 6 de diciembre de 1978 y con la Monarquía española dignamente representada por Vuestra Majestad. Como cómplices directos de esa peligrosa deriva deben apuntarse los partidos de la derecha tradicional y renovada por exteriorizar un comportamiento acomplejado que habitualmente conduce a sus timoratos gestores a someterse al dictado de los criterios que impone la arrolladora fuerza propagandística de los enemigos de la Patria al utilizar sin escrúpulo alguno el soporte mediático y adoctrinador de los que obran a su dictado.

            De ambos envíos acusó atento recibo el Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa de S.M., el Rey de España manifestando vuestro agradecimiento.

       Desde entonces han ocurrido hechos que ratifican que nuestra preocupación no era infundada, pues su real e indudable gravedad obligó a Vuestra Majestad a dirigirse por televisión a todos los españoles en el mensaje de 3 de octubre de 2017 y más tarde en los mensajes navideños de 24 de diciembre de ese mismo año y del siguiente, en cuyos textos manifestasteis la intención de defender con firmeza la unidad de España, el orden constitucional, la libertad y la igualdad de los españoles ante la ley, así como el pleno respeto a la soberanía, reconocida como derecho ciudadano básico del pueblo español en el artículo 1.2 de nuestra Ley Suprema, de cuyo ejercicio emanan todos los poderes del Estado que Vos, Señor, encabezáis desde vuestra Alta Jefatura. Mensaje que nunca habéis olvidado repetir los últimos años en vuestra intervención en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid ante los mandos militares todos los días 6 de enero, fecha de celebración de la Pascua Militar, dada la incontrovertible calidad de Jefe Supremo de los tres Ejércitos que os otorga el artículo 62 h) de la Constitución.

         De nuevo osamos dirigirnos a Vos, Señor al ver que, pese a vuestros buenos oficios, la situación política de España no ha mejorado ni un ápice. Antes bien se ha deteriorado a pasos agigantados al consumarse la vil traición de quienes en su odio a lo que representa España, su Historia, su idioma, sus símbolos, sus tradiciones y las creencias de la gran mayoría de los españoles no han dudado en aliarse con las malignas fuerzas de los que, utilizando los medios legales y materiales que les concede, facilita y proporciona nuestro garantista Estado de Derecho, atacan permanentemente a nuestra bandera, a nuestro himno, a nuestros héroes, a nuestras víctimas y tienen la desfachatez de injuriar miserablemente al supremo representante de nuestra Monarquía Parlamentaria que sois Vos, Señor, símbolo de la unidad y permanencia de España como se reconoce en el artículo 56.1 de la Constitución, atreviéndose a ofenderos en público con declaraciones irrespetuosas e incluso calumniosas, quemando vuestros retratos tras colocarlos en una infamante posición invertida y pitando al himno en muchos de los acontecimientos artísticos, deportivos y sociales a los que asiste con relativa frecuencia Vuestra Majestad.

            La realidad tangible es, Señor, que desde que el actual presidente en funciones irrumpió en la política nacional se han sucedido de forma casi trágica los numerosos y visibles ataques de los enemigos internos a nuestra amada Patria, acelerando con ello el nuevo proceso de confrontación de lo que tradicionalmente vinieron en llamarse “las dos Españas” que, por desgracia, logró resucitar el indefendible presidente de la sonrisa boba y no supo detener el gallego que le sucedió, al mantener las leyes de descomposición social que tan arteramente consiguió aprobar aquél e incluso muchas veces profundizar en su aplicación.

           Es evidente, y a Vuestra Majestad con su demostrada perspicacia y lucidez no se os escapará, que la situación desborda la paciencia de los patriotas y raya ampliamente lo insostenible. Demasiado tiempo hace que se han sobrepasado los límites de lo tolerable y resulta preciso adoptar medidas drásticas con guante de seda, pero mano de hierro. Frente a la involución que nos propone la izquierda hacia un pasado cuyo nefasto ejemplo es el convulso quinquenio de la Segunda República que provocó la Guerra Civil debemos abordar una Segunda Transición muy distinta de la que ellos pretenden. Como bien dijo el mago que pergeñó los cauces de la Transición acaecida entre el 20 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978, es necesario que ésta se lleve también a cabo sin traumas, actuando de la ley a la ley con rectitud de miras y el alma entregada por completo a esa noble causa. Pero no en el sentido que ansían los que quieren destruir España sino en busca de la unidad de todas sus Regiones y para lograr de nuevo la concordia perdida. El único consenso posible es ahora el de preservar la unidad de la Nación compuesta por seres humanos libres e iguales sin que prevalezcan discriminaciones negativas o positivas. Los partidos políticos que ostentan representación en el Parlamento han fallado de manera estruendosa al sufrido pueblo soberano de España y no se muestran capaces de adoptar soluciones para obviar las graves amenazas que se ciernen sobre la Nación ni para resolver los problemas que ellos mismos han creado con sus actitudes egoístas, sus ineptitudes manifiestas y su papanatismo.

            Por eso en DCID creemos que solo Vuestra Majestad puede y debe actuar en uso de los amplios poderes arbitrales y moderadores que os confiere el artículo 56.1 de la Constitución.

       Con el debido respeto os pedimos, Señor, que no caigáis en la peligrosa trampa de encomendar por tercera vez la formación del Gobierno a quien ya ha fracasado dos veces en el intento y solo se mueve apoyado en las muletas parlamentarias que le ofrecen comunistas, independentistas y terroristas. Pero, en nuestra sincera opinión, tampoco debéis hacerlo a quienes no demuestran habilidad para aglutinar las fuerzas de una derecha desnortada que, además, es incapaz de contrarrestar el discurso de la izquierda sumamente hábil en vender un pasado inexistente y de influir mediante las poderosas armas del adoctrinamiento y de la manipulación mediática en las mentes de las personas poco informadas.

            Siguiendo el esquema de nuestra carta de 23 de julio de 2015 y del artículo de 29 de enero de 2016, cuyas fotocopias adjuntamos a ésta, resumimos nuestra propuesta sin necesidad de reiterar los argumentos racionales y jurídicos que en esos escritos se desarrollaron.

             Vuestra Majestad tiene las siguientes facultades:

               1ª) La de proponer a la presidente del Congreso de los Diputados, como posible presidente del Gobierno, a cualquier español, sea o no miembro de esa Cámara, sin más que cumpla los requisitos que la Ley impone para ostentar dicho cargo.

                 2ª) La de elegir entre todos los españoles provenientes de la sociedad civil, que no hayan ostentado u ostenten cargo alguno en los partidos políticos que se han presentado en los comicios celebrados desde el 15 de junio de 1977, a aquél que a su juicio reúna las condiciones y preparación idóneas para desempeñar tan importante puesto ejecutivo en esta situación de emergencia nacional.

                   3ª) La de mediar ante los partidos políticos que en la actualidad tienen representación parlamentaria, usando al límite  vuestros poderes arbitrales y moderadores, para que acepten a la persona designada por Vos, Señor, como presidente del Gobierno el día que se presente para su investidura, otorgándole al mismo tiempo amplios y plenos poderes para establecer un programa de Gobierno encaminado a potenciar la unidad de España, el respeto a sus símbolos entre los que se cuenta el idioma, la bandera, el himno y su egregia persona, incluso mediante una reforma en profundidad de la Constitución que potencie los principios y valores que antes hicieron grande a nuestra Patria.

      Somos conscientes de las reacciones contrarias que deberéis soportar y que, como ya ocurrió en el caso de vuestro padre y antecesor, alcanzarán proporciones casi inaguantables, pero esa gran tarea merece todos los sacrificios y ninguno podemos desfallecer en la obligación que, especialmente en lo que concierne a Vuestra Majestad, nos impone la recta conciencia y el deber de acatar el espíritu del Orden Constitucional sobre el que se sustenta el entramado jurídico de nuestro Estado de Derecho. Debemos confiar en que los diputados de los partidos de derechas que se presentan como constitucionalistas y ciertos diputados con pundonor del partido que ostenta el Gobierno en funciones sean suficientes para garantizar el buen término de la operación antes diseñada y que en ellos se aliente el espíritu de servicio a la Patria que movió a muchos procuradores de las Cortes del anterior Régimen a renunciar a sus privilegios en aras del advenimiento de la democracia, al votar favorablemente la aprobación y promulgación de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política.

           Por cierto, Señor, en estos momentos se cierne sobre la democracia española la sospecha del posible fraude electoral presuntamente orquestado por quienes se saben incapaces de conseguir limpiamente el voto de muchos ciudadanos hartos de trampas. Hay demasiadas dudas acerca de un sistema imperfecto que en estos momentos presenta demasiados agujeros.

       Empezando por la elaboración de los censos y la indebida utilización de los que la ley obliga a tener presentes en los comicios, siguiendo por la designación de los miembros de las mesas electorales, continuando por los problemas suscitados en lo referente al voto por correo, pasando por la inexistencia de cabinas que garanticen el carácter secreto del voto, los múltiples errores en las actas levantadas por las mesas de los colegios electorales y su falta de exposición pública a la entrada de los mismos una vez concluidos los escrutinios, deteniéndose con preocupación en la forma de adjudicar la tarea de transcribir a lenguaje digital las actas a unas empresas condenadas por fraude en otras latitudes sin cumplirse para ello los requisitos impuestos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y terminando por la opacidad del recuento y de la publicación detallada de los resultados a nivel de distrito y mesa, con la ocultación intencionada de las copias en formato JPG de las actas, contraviniendo así lo dispuesto en el texto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Este es un espinoso asunto que el nuevo Poder Ejecutivo surgido de la iniciativa ahora propuesta debería abordar con premura, porque si los resultados electorales no son fiables la soberanía del pueblo español estaría secuestrada por los viles culpables del presunto fraude. Y con ello se desmoronaría el frágil edificio de nuestro sistema democrático.

           Por esa razón, hace ya tiempo que el Consejo Político de DCID optó por no presentarse a las elecciones y ha dedicado todos sus esfuerzos a luchar por los principios, anteponiendo el fuero (entendiendo por tal las normas y valores éticos) al huevo (que son puestos en unas instituciones ahora atacadas por la carcoma de sospechas bastante fundadas). Nos mueve el amor a España y la certeza de que no se arreglará nada si no se pone toda la carne en el asador. Perdonadnos, Señor, por emplear términos propios del argot popular pero muy útiles para entender bien lo que se pretende expresar. La lucha por conseguir unas ELECCIONES TRANSPARENTES Y LIMPIAS es fundamental en estos delicados momentos.

         En el bien hacer y la inteligente habilidad demostrados siempre por Vuestra Majestad depositamos nuestras esperanzas de que la amarga y difícil situación que hoy vivimos se enderece y permita a los españoles decentes, que como tales se sienten, recuperar la certeza de que las instituciones políticas están para servirles respetando su soberanía y no para que unos cuantos indeseables se sirvan de ellas en su propio y exclusivo beneficio.

      No creemos en la existencia de ingenuos que piensen que la iniciativa de defender la imprescindible Unidad de la Patria, incluso utilizando para ello a los Ejércitos de los que Vuestra Majestad es el Jefe Supremo, puede partir de un Gobierno en funciones ocupado solo de persistir en el tiempo. Pero es obvio que por mucho que las interpretaciones interesadas de algunos juristas dictaminen que el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas esa importante misión sometidas siempre al poder civil, conviene no olvidar que ese precepto y otros varios del mismo Texto Legal se constriñen exclusivamente a las acciones en el exterior o a la lucha contra los enemigos foráneos. De sobra sabemos que esa encomienda no va a producirse nunca mientras unos traidores ostenten el poder decisorio en el Gobierno y el Parlamento. Eso sería tan estúpido como pensar incautamente que los pastores pueden encomendar a los lobos la custodia de sus rebaños de ovejas, olvidando que su propia naturaleza les impide hacerlo y que la amenaza provendría de los mismos a quienes se encarga la protección. ¿Qué cabe hacer entonces para no caer en las trampas saduceas de los leguleyos?

         Llegado este momento, Señor, volvemos a insistir en las propuestas que apuntamos los años 2015 y 2016, resumidas en el cuerpo de esta carta, pues nos parece increíble que algunos supuestos juristas pretendan encorsetar las capacidades que la Constitución confiere a Vuestra Majestad con una interpretación sumamente restrictiva de su articulado, olvidando así que lo importante para que Vos, Señor, podáis cumplir sin ataduras vuestro trascendental cometido es el espíritu que inspiró la Norma de Normas y no la rigidez semántica de su articulado.

         Si Vos, Señor, cogéis el toro por los cuernos y realizáis una brillante faena en el coso de la política nacional, el pueblo español en su mayor parte os otorgará los máximos trofeos y en el paseo triunfal podemos garantizar que no estará solo.

    Perdonadnos, Majestad, por atrevernos a exponeros de nuevo nuestros criterios y aceptad el incondicional apoyo de DCID en la ardua tarea de regenerar el espacio político de nuestra maltratada Patria.

      Todo por, para y con España. Siempre a las órdenes de Vuestra Majestad,

          En Gandía, siendo el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve.

          EL CONSEJO POLÍTICO DE

          DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID)

          G 98750763    

 

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