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SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA

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            El peor de los males que en España aqueja a la Administración de Justicia no es la escasez de medios materiales, como interesadamente afirman quienes no quieren que funcione.

Con ser importante disponer de los adecuados medios materiales y humanos para mejorar su eficacia y acelerar los procedimientos, es otra la enfermedad que le impide prestar el servicio que la sociedad requiere:

LA POLITIZACIÓN.

O, más precisamente, la adscripción partidaria (que no ideológica) de los agentes encargados de impartirla.

            Desde que durante el primer gobierno del PSOE se dio por válida la tesis preconizada por el nefasto Alfonso Guerra González, a la sazón Vicepresidente del Gobierno, cuando pronunció en 1985 su famosa frase: “Montesquieu ha muerto” y se consolidó la exclusiva intervención del Poder Legislativo en las elecciones a miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano competente para efectuar los nombramientos de jueces y magistrados, la Justicia quedó prisionera de los políticos y desde entonces carece de la independencia necesaria para dictar resoluciones ecuánimes.

Dado el esquema organizativo del Estado, el Poder Ejecutivo es, al final, el cancerbero que tiene la llave para abrir y cerrar puertas a su antojo con el único y visible propósito de someter a su arbitrio a aquellas personas que deberían ser los únicos protagonistas del funcionamiento de la Administración de Justicia. En estas condiciones el hecho de ejercer con independencia la tarea de instruir y juzgar se convierte en una heroicidad peligrosa.

            Para culminar el desafuero se apoyaron en la existencia del Tribunal Constitucional, órgano de carácter político creado con el propósito teórico de velar por la constitucionalidad de las leyes y de las resoluciones administrativas y judiciales.

Con su proverbial actitud manipuladora los políticos lo han transformado en un instrumento útil para conseguir sus fines intervencionistas y prevaricadores hasta el punto de ejercer fuertes presiones a sus miembros más dóciles para que invadan las competencias reservadas en exclusiva al Tribunal Supremo.

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            La filosofía puesta en práctica por los sucesivos gobiernos de que el Poder Judicial (dentro del que, en la práctica e indebidamente, incluyen al Tribunal Constitucional) debe estar al servicio del Poder Político ha dado los amargos frutos que la sociedad española viene cosechado durante casi treinta y tres años: expropiación de Rumasa, juicio del 23 F, Estatuto de Autonomía de Cataluña,… La presión de los partidos políticos, ejercida directamente sobre los propios jueces y magistrados o indirectamente a través del Consejo General del Poder Judicial y de las Asociaciones, que agrupan aproximadamente al cincuenta por ciento de esos profesionales, ha conseguido ralentizar las instrucciones y demorar los procesos judiciales de una forma indignante y, en muchas ocasiones, con la estrecha complicidad del Ministerio Fiscal.

Eso cuando no ha impedido que prosperen las iniciativas de la acción popular promovidas por diversas asociaciones cívicas.

            Casos Faisán, ERES, cursos de formación, NOOS, Pretoria, Gürtel y Cajas de Ahorro, entre otros muchos, son ejemplo de la utilización de acciones dilatorias y casos Pujol, Mas, asuntos relacionados con los ex ministros Bono, Blanco, Matas, Rato y tantos otros de similar enjundia sirven de visible muestra para comprobar la eficacia de las acciones paralizadoras.

            Ante ese deplorable estado de cosas se hace necesario aplicar unas drásticas medidas dirigidas a conseguir:

            1º) La elección directa por los ciudadanos de los fiscales y los jueces en sus niveles jerárquicos inferiores: fiscales y jueces de distrito; figuras que es necesario crear.

            2º) La autonomía del Ministerio Fiscal respecto a los gobiernos de turno, aprobando un nuevo Estatuto que garantice la independencia de los fiscales para actuar según criterios de estricta profesionalidad.

            3º) La elección directa por los jueces y magistrados de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

            4º) La eliminación de turnos de acceso a la judicatura por sistemas distintos a la oposición y posterior concurso, así como de jueces y magistrados de apoyo que no hayan obtenido su habilitación por idéntico procedimiento.

            5º) La promoción interna por cauces objetivos, que garanticen la estricta aplicación de los principios de mérito y capacidad.

            6º) La adecuada dotación de recursos materiales y humanos que permita trabajar a los profesionales de la Administración de Justicia en condiciones dignas y, con ello, acelerar las instrucciones, los procesos y los juicios.

            7º) La modernización de los sistemas a utilizar mediante un Plan Informático que posibilite agilizar el trabajo y utilizar métodos de archivo simplificados, sin merma de garantizar la conservación segura de toda la documentación generada en las causas.

            En DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) somos conscientes de que para implementar tales medidas en su totalidad es necesario proceder a una reforma de la Constitución Española, pues su articulado constriñe de forma rígida la promulgación de normas que contravengan abiertamente lo dispuesto en él. Pero, en algunos aspectos, no sería preciso recurrir a esa modificación pues, provisionalmente, bastaría con que la propuesta de nombres de miembros del Consejo General del Poder Judicial se ajustara a una propuesta previa de todos los jueces y magistrados, no de las Asociaciones. Con ello se cumpliría el formulismo del artículo 122.3 de la Constitución Española y no sería necesario, de momento, cambiar su texto.

DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) luchará con denuedo para que los partidos saquen sus prevaricadoras zarpas, que todo lo corrompen, del ámbito de la Administración de Justicia y así pueda ésta recuperar la importante función que tiene encomendada en un ESTADO DE DERECHO que se precie de tal.

Hasta que eso ocurra los ciudadanos no podrán ejercitar sus derechos con plenas garantías y, por tanto, no será creíble afirmar que España se ha constituido en un ESTADO DEMOCRÁTICO.

            Nosotros no deseamos compartir las indignas facultades coercitivas y coactivas sobre la Administración de Justicia que hoy se reparten el PP y el PSOE, con la anuencia de los partidos que les siguen en nivel de representación parlamentaria (IU, PNV, CDC, UDC, ERC,…) ni nos convertiremos en aspirantes a desplazarles a ellos para mantener las mismas prebendas, como es el caso de UPyD, Ciudadanos y Podemos.

Queremos acabar con la indigna situación que impide a los ciudadanos disfrutar de una verdadera DEMOCRACIA, en la que exista un ORDENAMIENTO JURÍDICO JUSTO que potencie la INDEPENDENCIA de los tres poderes clásicos del Estado (LEGISLATIVO, EJECUTIVO y JUDICIAL) y se respeten los derechos de los nuevos surgidos en la edad contemporánea, como el denominado CUARTO PODER. Si se garantiza esa INDEPENDENCIA todos ellos se controlarán mutuamente y tendrán que responder ante el PUEBLO SOBERANO.

            Es a éste al que corresponde DECIDIR después de haber recibido una INFORMACIÓN completa y no adoctrinadora. Por ello estamos impulsando este ambicioso proyecto político que ha nacido para devolver a los ciudadanos su DERECHO A DECIDIR; de ahí su denominación. Pero no el derecho a decidir de una parte de ellos sobre la independencia de la región que habitan, ni la de las mujeres para eliminar la vida humana de sus vientres, ni la de los antisistema para incumplir las leyes y atentar contra la propiedad privada de sus conciudadanos.

            DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) cree llegado el momento de que los nacidos o residentes en España se apresten a tomar las riendas de su futuro individual y colectivo, incorporándose a un proyecto donde no admitimos a “políticos profesionales” de las castas antigua y moderna, para que entre todos los afiliados consigamos convencer a los votantes de que, por primera vez en la Historia de nuestra Patria, existe un partido que extiende sus raíces en tierra fértil formada por ciudadanos decentes, para cimentar en ella el cambio de estructuras sociales que nos permita construir una Nación justa, próspera y estable. Entre las modificaciones propuestas consideramos prioritaria la reforma del sistema judicial, para lo cual deberán promulgarse unas leyes que, como hemos dicho, garanticen la INDEPENDENCIA de los jueces y magistrados e inauguren el camino que reconduzca la nefasta situación actual de la Administración de Justicia, hasta conseguir que sea el motor cuya fuerza transforme nuestra sociedad en un sólido y permanente monumento erigido a la DECENCIA.

            Retomamos ahora el asunto abordado al inicio del artículo, aunque sin perder de vista que lo importante es corregir los perniciosos vicios que se han indicado en los párrafos precedentes, para reconocer que nuestra Administración de Justicia no podrá ser nunca plenamente eficaz en las deplorables condiciones físicas que evidencian las imágenes incluidas a continuación:

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Y, menos aún, con instalaciones deficientes como las que se muestran en las siguientes fotografías:

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             La triste realidad anterior contrasta con el esplendor de las Salas de Audiencia del Tribunal Supremo que, aunque vetustas, reflejan una ficticia opulencia que no pueden compartir todas las sedes donde el ciudadano espera recibir una JUSTICIA EQUITATIVA a la que es merecedor, no solo por residir en España sino porque también sufraga el funcionamiento del sistema judicial mediante unos impuestos casi confiscatorios.

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DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) quiere facilitar a los profesionales de la Administración de Justicia los medios adecuados para simplificarles la importante tarea que tienen encomendada. Pero, en contrapartida, les va a exigir que abandonen esa pedante y engreída actitud que demuestran muchos de ellos, para así acercarse a los ciudadanos y hacer más comprensibles sus hasta ahora alambicadas resoluciones. Es preciso, también, que se despojen de la parafernalia ritual dirigida a infundir un temor reverencial a cuantos se ven obligados a dirimir sus litigios ante ellos y que, con su comportamiento honrado y eficaz, se ganen el respeto de los justiciables al dictar resoluciones ecuánimes, motivadas de forma inteligible para la mayoría y alejadas del juego de intereses partidarios que ha ensuciado el sagrado nombre de la JUSTICIA.

            En nuestro proyecto no tienen cabida los jueces y magistrados cuyo ego les convierte en protagonistas mediáticos, para los que todo vale con tal de conseguir sus personales fines y hacerles brillar en el ámbito social y político, ni los prevaricadores que son indignos de seguir ocupando los cargos desempeñados. Tampoco los acomodaticios que no se entregan en cuerpo y alma a su trabajo.

Solo apoyaremos, sinceramente y de corazón, a quienes demuestren ser merecedores de la confianza que los ciudadanos han depositado en ellos y tengan como única meta la de impartir justicia de forma imparcial, que no ciega, sin inclinar el fiel de la balanza hacia la parte más poderosa e influyente.

En sus manos tienen la vida, la libertad, la honra y el patrimonio de quienes acuden a los Juzgados y Tribunales en busca de JUSTICIA. Deben impartirla de una forma equilibrada, interpretando racionalmente la Ley y respetando escrupulosamente los derechos de cuantos se personan, voluntaria o forzosamente, ante ellos para que dicten, en nombre del pueblo soberano, sus resoluciones sobre los asuntos en litigio.

DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) reclama de todos los ciudadanos un profundo respeto hacia los jueces y magistrados que cumplan su obligación y no se desvíen de la recta senda.

No importa si se consigue una resolución favorable o desestimatoria para quien analiza su actuación. Lo sustancial es que al dictarla hayan puesto todo el empeño en aplicar los preceptos y la jurisprudencia de una forma sensata y las motiven desde la perspectiva de la ciencia jurídica y de la razón.

Si nos agradan únicamente cuando atienden nuestras peticiones, aunque sean discutibles, y les criticamos con saña en caso contrario, no estaremos contribuyendo a consolidar el imperio de la JUSTICIA.

            No obstante, dado que los jueces y magistrados son personas y, por tanto, susceptibles de cometer errores y dejarse tentar por bajos instintos, es conveniente ejercer una crítica de sus actos cuando los estimemos desviados.

Pero siempre deberán estar alejadas de la acritud, de la ofensa personal y del insulto. Si hacemos una crítica feroz e irreflexiva estaremos perdiendo un elemento sustancial en favor de nuestro criterio: el uso de la RAZÓN, virtud exclusiva de los seres humanos.

Ignacio Vargas Pineda

Secretario Nacional Provisional de DERECHO CIUDADANO A DECIDIR

DCID – El Partido del Siglo XXI

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